La crisis política en Bolivia sumó un nuevo capítulo este lunes (25). Después de semanas de protestas, bloqueos de carreteras y desabastecimiento, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizó el envío de ayuda humanitaria brasileña al país vecino. La decisión ocurre en medio del aumento de la tensión social que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz.
Según un comunicado oficial del Palacio de Planalto, Lula conversó por teléfono con el mandatario boliviano y manifestó apoyo institucional al gobierno. Además, defendió el respeto a las instituciones democráticas y pidió que tanto el gobierno como los movimientos sociales prioricen el diálogo para evitar una escalada de violencia.
Las protestas ya llevan casi un mes. Durante ese período, carreteras fueron bloqueadas en distintas regiones de Bolivia, afectando directamente el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. En varias ciudades, la población enfrenta largas filas, escasez de productos básicos y paralización de servicios públicos.
La situación provocó reacciones internacionales. Mientras Brasil anunció ayuda humanitaria, Estados Unidos calificó el escenario como una “crisis humanitaria”. Argentina también envió apoyo logístico con aeronaves militares para transportar alimentos. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro describió el movimiento como un “levantamiento popular”.
Qué está ocurriendo en Bolivia
Rodrigo Paz enfrenta una creciente presión apenas seis meses después de asumir la presidencia. Las protestas comenzaron tras el anuncio de una reforma agraria que permitiría convertir pequeñas propiedades rurales en terrenos de tamaño medio. Según el gobierno, la medida buscaba facilitar el acceso al crédito y estimular inversiones.
Sin embargo, organizaciones campesinas y movimientos vinculados al expresidente Evo Morales reaccionaron con dureza. Muchos sectores comenzaron a acusar al gobierno de abrir espacio para la concentración de tierras y beneficiar a grandes propietarios rurales.
Frente a la presión, Paz dio marcha atrás y revocó la medida. Aun así, las manifestaciones continuaron y sumaron nuevas demandas. Docentes pasaron a exigir aumentos salariales en un contexto de alta inflación, mientras transportistas cuestionan la calidad de los combustibles vendidos tras el fin de los subsidios estatales.
Además, una propuesta de reforma parcial de la Constitución aumentó todavía más la tensión política. Movimientos sociales ligados a Evo Morales afirman que los cambios podrían debilitar el papel del Estado en la administración de recursos naturales estratégicos, como la minería y los hidrocarburos.
Mientras tanto, los manifestantes continúan exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz. El gobierno, por otro lado, acusa a sectores cercanos a Morales de incentivar las protestas para desestabilizar la actual administración.
La crisis también empieza a afectar a extranjeros. Brasileños relataron dificultades para desplazarse dentro de Bolivia y riesgo de desabastecimiento en algunas regiones del país.