El Gobierno interino de Venezuela anunció el viernes 14 de agosto de 2026 el otorgamiento de “medidas alternativas a la privación de libertad” a 131 personas que se encontraban detenidas, en una decisión que se produce en paralelo al proceso de diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición auspiciado por Estados Unidos. La medida, presentada como parte del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha sido interpretada por organizaciones de derechos humanos y opositores como un avance parcial, aunque insuficiente, hacia la liberación de los presos políticos.
Según el comunicado oficial difundido por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las medidas fueron acordadas por los tribunales a petición del Ministerio Público, tras una revisión de casos solicitada por el programa gubernamental. El texto indica que los beneficiarios se encontraban bajo régimen de detención “por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano”. No se detallaron públicamente los nombres completos ni las condiciones exactas de las medidas, que según abogados y organizaciones suelen incluir prisión domiciliaria o presentación periódica ante tribunales.
La ONG Foro Penal, que lleva un registro de los casos, confirmó a lo largo del viernes la excarcelación de al menos 45 a 64 personas que considera presos políticos, entre ellas varias mujeres. Entre las liberadas destacó Emirlendris Benítez, detenida en 2018 cuando estaba embarazada y acusada de participar en un atentado con drones contra Nicolás Maduro. Otras liberaciones se produjeron en centros como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I, en el estado Miranda. Antes del anuncio, Foro Penal computaba 391 presos políticos en el país (228 civiles y 163 militares). Gonzalo Himiob, director de la organización, celebró el reinicio del proceso, pero insistió: “Es más importante que no termine hasta que no quede ni un preso político tras las rejas”.
El anuncio llega apenas un día después de que Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en las negociaciones, se comprometiera a impulsar la liberación de los detenidos por motivos políticos. Figuera calificó el hecho como un paso positivo, aunque subrayó que “no son todos y merecen libertad plena”. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio valoró la decisión como “un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación” y recordó que, desde la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, se han producido más de mil liberaciones.
El contexto de estas excarcelaciones es el de una transición política incompleta tras la intervención militar estadounidense que derrocó a Maduro. El diálogo, que ya produjo acuerdos preliminares sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reclamación conjunta de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, busca generar confianza mutua. Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos advierten que las “medidas alternativas” no equivalen a libertad plena y que el número de detenidos por razones políticas sigue siendo elevado.
Familiares de los liberados se congregaron frente a las cárceles en escenas de júbilo y lágrimas. “Corrimos gritando”, relató una madre que esperaba a su hijo. Otras familias, cuyas demandas no fueron atendidas en esta ronda, insistieron en que el proceso debe continuar sin pausa. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos documentaron la salida de grupos vinculados a casos específicos, como el de Plaza Venezuela.
Analistas coinciden en que la medida representa una concesión calculada del Gobierno interino para avanzar en las negociaciones y mejorar su imagen internacional, especialmente ante Washington. No obstante, advierten que la verdadera prueba de voluntad política será la liberación completa y sin condiciones de todos los detenidos por motivos políticos, así como la reforma de un sistema judicial acusado de instrumentalización.
Mientras el diálogo prosigue y las familias celebran los reencuentros, la demanda de libertad plena permanece vigente. El anuncio de las 131 medidas alternativas abre una puerta, pero el camino hacia la reconciliación nacional, según coinciden opositores y defensores de derechos humanos, aún exige que ninguna persona permanezca privada de libertad por su pensamiento o su actividad política.