Puede que no recuerde los nombres de Luis Valladares y Manuel Sisniega por haber anotado goles en un mundial, pero ambos ejecutivos buscan que se les pague como si fueran superestrellas del fútbol internacional. Así lo revelan reportajes recientes que calcularon un sospechosamente alto “salario mensual promedio” de US$4.47 millones para varios exejecutivos que trabajaron en Tigo.
La cifra, que colocaría a un exdirectivo de una empresa de telefonía entre los cinco deportistas mejor pagados del planeta —sin que este haya jugado jamás un deporte profesional—, forma parte de una demanda laboral que hoy tiene en vilo a inversionistas extranjeros y observadores del sistema judicial guatemalteco.
El reclamo que superó a Cristiano Ronaldo
Según reportó el Washington Examiner en un artículo de opinión firmado por Duggan Flanakin, un tribunal laboral en la Ciudad de Guatemala decidió, en los hechos, que un exdirectivo corporativo vale más, mensualmente, que Cristiano Ronaldo, Stephen Curry y LeBron James juntos. De acuerdo con su propia demanda, el exejecutivo de Tigo Guatemala pide que su liquidación se calcule sobre ese “salario mensual promedio” de US$4.47 millones.
El artículo del Washington Examiner señala a Millicom International Cellular —matriz de Tigo Guatemala, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo TIGO y que forma parte de las carteras de fondos mutuos y sistemas de pensiones estadounidenses— como una de las inversiones extranjeras más importantes en la economía guatemalteca. Según el medio, mientras los tribunales guatemaltecos improvisan fallos multimillonarios en su contra, son los accionistas estadounidenses quienes terminan absorbiendo la pérdida por un escándalo que la propia empresa ya había cerrado.
Un historial que la empresa dice haber saldado
Entre 2012 y 2018, según consta en documentos judiciales de Estados Unidos, un accionista minoritario guatemalteco que ejercía un control desproporcionado sobre la operadora local habría orquestado un esquema de sobornos dentro de la empresa: entregas de efectivo transportadas en helicóptero hasta un helipuerto corporativo, contratos con fecha retroactiva y empresas de papel utilizadas para lavar dinero destinado a funcionarios guatemaltecos, incluido cerca de US$1 millón que originalmente provenía del narcotráfico antes de ser “lavado” por un banquero y canalizado como sobornos para asegurar licencias de espectro y legislación favorable —lo que el portal DPL News identifica como la llamada “Ley Tigo”.
Ese capítulo, de acuerdo con ambas fuentes, quedó formalmente resuelto en noviembre de 2025, cuando la operadora de Tigo Guatemala firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. DPL News precisa que la empresa pagó más de US$118 millones —divididos en US$60 millones en multas y US$58 millones en decomiso de activos— y que Millicom obtuvo una reducción del 50% en la sanción por haberse autodenunciado ante las autoridades en 2015 y haber cooperado plenamente con la investigación federal, incluyendo la traducción de documentos y entrevistas a testigos.
Los reclamos que siguen abiertos
Pese a ese cierre formal, según documenta DPL News, varios extrabajadores vinculados al mismo entramado del accionista minoritario mantienen litigios activos contra las filiales guatemaltecas de Millicom. El portal identifica, además de Valladares (exgerente general de Tigo Guatemala/Comcel) y Sisniega (exdirector legal), a María Ximena Rodríguez (exdirectora de mercadeo) y Mikele Ceschia (exdirector de experiencia del cliente) entre los exejecutivos con demandas en curso.
De acuerdo con el recuento de DPL News, las cifras en disputa escalaron con rapidez: Millicom le habría ofrecido a Valladares una liquidación de US$600,000, frente a una demanda que él inicialmente fijó en US$24 millones y que después subió a US$500 millones y, más tarde, a US$1,000 millones. Sisniega y Rodríguez, por su parte, ya cuentan con sentencias laborales a su favor por entre US$39 y 68 millones, actualmente en fase de cobro, mientras otros exejecutivos reclaman entre US$100 y 126 millones de forma individual, con demandas adicionales pendientes que en conjunto superarían los US$500 millones.
Un elemento clave del litigio, según explica DPL News, es la forma de contratación: los ejecutivos fueron contratados como “prestadores de servicios profesionales” y no como empleados asalariados, lo que evitó cargas patronales y prestaciones. Ahora argumentan en los tribunales que debieron ser tratados como empleados de planta, base legal sobre la que construyen sus millonarias demandas de daños.
El Washington Examiner añade que el Departamento de Justicia estadounidense ya vinculó a exejecutivos como Sisniega con el propio esquema de sobornos que la empresa pagó para subsanar, lo que —según el rotativo— pone en duda que se trate simplemente de trabajadores buscando una liquidación justa.
Un sistema judicial bajo sospecha
Ambos medios coinciden en señalar irregularidades en el manejo judicial de los casos. El Washington Examiner reporta que dos de los fallos ya se encuentran en fase de ejecución, lo que podría obligar a Millicom a pagar —o quedar bajo intervención judicial— antes de que la Corte de Constitucionalidad resuelva si las cifras de fondo tienen sustento. En un caso, según el artículo, una sala le otorgó a la empresa un amparo provisional que luego fue retirado sin mayor explicación. La legislación guatemalteca, señala el medio, no ofrecería mecanismo para recuperar el dinero una vez pagado.
DPL News documenta, en la misma línea, cambios de juez a mitad de proceso sin procedimientos transparentes, montos de condena que se incrementan entre instancias de apelación sin justificación clara, y amparos de protección anulados por magistrados sin vinculación previa con el caso. El portal concluye que “el sistema judicial en Guatemala no está resolviendo un conflicto laboral”, sino permitiendo que exoperadores del esquema de corrupción utilicen los tribunales locales como mecanismo de presión.
Lo que está en juego para Guatemala
El artículo de opinión del Washington Examiner sitúa el caso en un contexto más amplio: Guatemala es un país clave para Washington en materia migratoria y de seguridad, con las Oficinas de Movilidad Segura, la coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los corredores de tráfico de fentanilo y de personas. Esa relación, sostiene el columnista, presupone instituciones guatemaltecas confiables. Un poder judicial dispuesto a agilizar un pago de nueve cifras a favor de personas vinculadas a un esquema de sobornos, antes de que exista una resolución firme sobre la validez del reclamo, debilita esa premisa.
El texto también recuerda que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo destituyó este año a la fiscal general Consuelo Porras y colocó en su lugar a Gabriel Estuardo García, un cambio que el Departamento de Estado y organizaciones anticorrupción celebraron como un hito. Sin embargo, argumenta el Washington Examiner, que el Ministerio Público guarde silencio mientras extrabajadores señalados de participar en el esquema de corrupción buscan obtener un beneficio de US$100 millones a través de los tribunales laborales no demuestra una reforma real, sino que la maquinaria bajo el nuevo liderazgo sigue operando igual.
El artículo apunta además a la dimensión comercial: Guatemala es signataria del CAFTA-DR, tratado que busca precisamente dar certeza a los inversionistas estadounidenses de que los tribunales centroamericanos no se convertirán en instrumentos de cobro para quienes tengan las conexiones adecuadas. Si el caso terminara en un arbitraje de inversionista contra Estado, sería la relación comercial entre Guatemala y Estados Unidos la que absorbería el golpe.
Como muestra de que el nerviosismo ya se extiende a otros sectores, el Washington Examiner cita reportes recientes según los cuales Grupo Energía Bogotá frenó una inversión de US$513 millones en la red eléctrica guatemalteca, en momentos en que crece el escrutinio sobre la inseguridad jurídica del país. DPL News, por su parte, advierte que el riesgo de fondo es de reputación: si Guatemala permite que estos reclamos avancen, el mensaje hacia los inversionistas extranjeros sería que denunciar un acto de corrupción no protege a una empresa, sino que la expone a la extorsión de quienes fueron separados precisamente por ese motivo.