On Tuesday, the United States demanded that the Nicaraguan president, Daniel Ortega, release Bishop Rolando Álvarez, sentenced to 26 years and 4 months in prison, stripped of his nationality and suspended his citizens’ rights for life for crimes considered to be treasoned to the homeland.
“Once again, we call on the Nicaraguan government to release Bishop Rolando Álvarez immediately and unconditionally,” the spokesman for the U.S. State Department said in a statement.
The U.S. pronouncement comes as the bishop has been in prison for more than 500 days and just one day after Pope Francis, after the prayer of the first Angelus of the year, expressed his concern about the arrest of Catholic priests in Nicaragua.
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En su comunicado, Estados Unidos cuestionó las condiciones de detención de Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y quien se encuentra recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocida como la cárcel La Modelo, a las afueras de Managua.
En concreto, el Departamento de Estado criticó que se haya mantenido al religioso en aislamiento, el bloqueo de cualquier verificación independiente de su estado de salud y que se hayan difundido desde el Gobierno vídeos y fotografías que solo “aumentan las preocupaciones sobre su bienestar”.
En diciembre, después de que el Ministerio de Gobernación nicaragüense difundiera unas fotografías, el activista Juan Carlos Arce, uno de los abogados defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, consideró que el obispo era “víctima de torturas”.
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En febrero de 2023, Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados de traición a la patria.
La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación de Ortega, quien en cadena nacional lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.
Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990.
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Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
This article has been translated from the original which first appeared in La Prensani