La celebración de elecciones generales en Perú fue anunciada este martes por la presidenta Dina Boluarte, en un intento por contener la prolongada crisis política del país. Según el mensaje oficial, los comicios se realizarán en abril de 2026 y servirán para elegir un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores. Será la primera vez desde los años 90 que el sistema legislativo bicameral será restablecido.
Aunque no se confirmó su candidatura, Boluarte aseguró que los comicios serán “democráticos, limpios, transparentes y ordenados”. El anuncio llega en un momento de fuerte descontento popular. De acuerdo con la encuestadora Datum Internacional, un 93 % de la ciudadanía desaprueba la gestión actual.
El cargo presidencial fue asumido por Boluarte en 2022, luego de que Pedro Castillo fuera destituido tras intentar cerrar el Congreso. Su administración ha estado marcada por la inestabilidad y la creciente presión social.
Paralelamente, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación. El ministro del Interior fue removido del cargo la semana pasada por el Congreso, tras considerarse ineficiente en el combate al crimen organizado. La muerte del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10, generó un fuerte repudio. Fue asesinado tras un concierto, cuando el autobús del grupo fue atacado por delincuentes armados.
El 19 de marzo, se decretó un nuevo estado de emergencia en Lima. Tropas militares fueron enviadas a las calles para apoyar a la Policía Nacional. Ese mismo día, se presentó una moción de censura contra el ministro. Sin embargo, los operativos anteriores ya habían mostrado resultados limitados. Entre septiembre y diciembre de 2024, una medida similar también había sido aplicada.
Según cifras oficiales, en 2024 se registraron 2.057 homicidios. En comparación con los 1.506 del año anterior, se evidencia un preocupante aumento. Aunque se han intensificado los controles, el temor de la población no ha disminuido.
Mientras el país se prepara para un proceso electoral inédito en décadas, las dudas sobre la capacidad del gobierno para gestionar la transición siguen creciendo.