La petrolera estatal Ecopetrol, una de las más grandes de América Latina, está en el centro de una fuerte polémica ambiental. Una filtración de datos internos revela más de 800 sitios contaminados con petróleo en Colombia entre 1989 y 2018. La mayoría de los casos se ubican cerca del río Magdalena, una fuente vital de agua que atraviesa el país.
Según documentos obtenidos por la BBC, al menos una quinta parte de los incidentes no habrían sido reportados a las autoridades. Algunos permanecieron sin limpieza durante más de una década. La empresa, sin embargo, asegura que cumple con la normativa ambiental y mantiene altos estándares de sostenibilidad.
El material fue entregado por Andrés Olarte, exasesor del presidente de Ecopetrol. Tras integrarse a la empresa en 2017, notó irregularidades en los registros ambientales. Al plantear sus dudas a la gerencia, recibió respuestas evasivas y terminó abandonando su cargo en 2019. Poco después, empezó a recibir amenazas de muerte.
En una de las bases de datos, marcada como “impactos ambientales no resueltos”, figuran 839 casos. Algunos están etiquetados como “solo conocidos por Ecopetrol”. La BBC comprobó que varios de estos sitios aún presentan rastros visibles de crudo, incluso años después del incidente.
La zona más afectada es Barrancabermeja, sede principal de la refinería de la empresa. Allí, comunidades pesqueras como la liderada por Yuly Velásquez afirman que los derrames están matando especies protegidas. Se han reportado manatíes, tortugas, aves y peces muertos. Además, aseguran que los pescadores encuentran residuos oleosos adheridos a las plantas acuáticas y en los cuerpos de los animales.
Velásquez amenazado
Velásquez, presidenta de Fedepesan, ha denunciado públicamente a la petrolera. En consecuencia, ha sido víctima de amenazas, disparos contra su vivienda y mensajes intimidatorios. Hoy vive bajo protección del Estado, pero los riesgos persisten.
Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es propiedad en un 88% del Estado colombiano, niega los señalamientos. El exCEO Felipe Bayón afirma que no existe ninguna política para ocultar información ambiental. Sin embargo, registros oficiales muestran cientos de derrames reportados cada año desde 2020.
La compañía atribuye algunos de estos incidentes a sabotajes por parte de grupos armados. No obstante, solo el 6% de los casos menciona ataques o robos como causa.
Otra preocupación gira en torno al uso de empresas de seguridad privada. En 2018, Ecopetrol pagó 65 millones de dólares a más de 2.800 compañías del sector. Expertos advierten sobre posibles vínculos con grupos paramilitares que operan en la región.
Colombia es, según la ONG Global Witness, el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales. En 2023, al menos 79 activistas fueron asesinados. Aunque no se ha demostrado que Ecopetrol esté directamente relacionada con estos crímenes, las amenazas contra Olarte y Velásquez refuerzan el clima de tensión y miedo en torno a las denuncias.
Actualmente, Olarte vive en Alemania y ha presentado varias demandas contra la empresa, sin éxito hasta ahora. “Lo hice por mi tierra, por mi gente”, asegura.
Velásquez, por su parte, sigue resistiendo. “Si no pescamos, no comemos. Si denunciamos, nos matan. Y si no denunciamos, nos matamos nosotros mismos viendo cómo destruyen nuestra naturaleza”, afirmó.
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