Las calles de la capital amanecieron con presencia militar luego de que el gobierno del Perú decretara el estado de emergencia en un intento por frenar la inseguridad. La medida llega en medio de crecientes cuestionamientos al ministro del Interior, Juan José Santivañez, señalado por no contener la ola de violencia que golpea el país.
El despliegue de mil soldados busca reforzar la seguridad en estaciones de tren y autobuses, pero muchos ciudadanos siguen sintiéndose vulnerables.
“Nos han dejado solos. Si subes a un bus, te pueden disparar. Si vas a trabajar, pueden pedirte dinero por extorsión”, dijo Pedro Quispe, de 48 años, mientras esperaba el transporte público.
La situación se agravó tras un fin de semana violento. El asesinato del cantante Paul Flores y una explosión en un restaurante que dejó 11 heridos encendieron las alarmas. En respuesta, el gobierno impuso un estado de emergencia por 30 días, lo que permite allanamientos sin orden judicial, detenciones sin autorización de jueces y la suspensión del derecho de reunión.
Las cifras reflejan el deterioro de la seguridad en el país. En 2024, se registraron 2.057 homicidios, un aumento drástico respecto a los 674 de 2017. Además, el año pasado se reportaron 22.800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que hace siete años.
Analistas advierten que Perú podría seguir el camino de Ecuador, donde el crimen organizado ha tomado control de varias regiones. Mientras tanto, empresarios denuncian que la violencia está asfixiando los negocios, obligando a muchos comerciantes a pagar extorsiones para poder operar.
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