Bajo las luces fluorescentes de una instalación migratoria en San Pedro Sula, Norma sostiene una taza de café y un pequeño plato con huevos, lo único que le esperaba tras su regreso a Honduras.
A sus 69 años, nunca imaginó abandonar su país, pero las amenazas anónimas a su familia y los hombres armados en su puerta le dejaron pocas opciones. Gastó sus ahorros de $10,000 para viajar al norte con su hija y nieta en busca de asilo, pero fue deportada tras el rechazo de su petición. Ahora, está de vuelta y vulnerable ante la misma pandilla que amenaza su vida.
“Nos pueden encontrar en cualquier rincón de Honduras”, dijo Norma, quien pidió anonimato por seguridad. “Rezamos por la protección de Dios, porque del gobierno no esperamos nada”.
Con la inminente llegada del presidente electo Donald Trump y sus promesas de deportaciones masivas, Honduras y otros países de Centroamérica anticipan una crisis humanitaria y económica para la que no están preparados.
Capacidad limitada ante deportaciones masivas
Honduras, Guatemala y El Salvador, principales países de origen de migrantes indocumentados en EE.UU., enfrentan el impacto directo de estas políticas. Según Jason Houser, exjefe de personal de ICE, Trump podría priorizar deportaciones de migrantes considerados “más vulnerables”, como aquellos sin antecedentes penales.
“Los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños deben estar muy preocupados, porque se explotarán los límites de la ley”, advirtió Houser.
Mientras tanto, redes de apoyo y autoridades temen que el regreso masivo de migrantes agrave las crisis económicas y sociales, incentivando aún más la migración. “No tenemos capacidad para recibir a tantas personas”, reconoció Antonio García, viceministro de Relaciones Exteriores del país. “Los deportados son los últimos en ser atendidos”.
Sin opciones ni esperanza
Desde 2015, el país ha recibido cerca de medio millón de deportados, quienes regresan a un país marcado por la violencia y pocas oportunidades económicas. Algunos, como Larissa Martínez, de 31 años, luchan por sobrevivir. Deportada en 2021 con sus tres hijos, Martínez vive en una precaria vivienda en las afueras de San Pedro Sula, vendiendo carne y queso para subsistir, pero sin éxito.
“Si no encuentro trabajo en diciembre, me iré en enero”, repite, reflejando el sentimiento de muchos deportados que no ven alternativa.
César Muñoz, líder de la Comisión de Acción Social Menonita, advierte que las redes de apoyo ya están saturadas, con tres vuelos de deportación semanales. Una ola de retornados podría desencadenar una crisis humanitaria en un país que depende en gran medida de las remesas enviadas desde EE.UU.
A pesar de las dificultades, hasta un 40% de los deportados intentan regresar al norte. “Es imposible detener la migración”, admite García, subrayando que la pobreza y la violencia continúan impulsando este fenómeno.
Norma, como muchos otros, sabe que el riesgo es enorme. Sin embargo, con pocas opciones y un futuro incierto, los deportados no dejan de soñar con un nuevo comienzo.
Material traducido de AP News