Un grupo de ciudadanos que buscaban a sus familiares desaparecidos en Jalisco realizó un hallazgo impactante en un rancho abandonado, donde encontraron restos humanos calcinados, montones de ropa y decenas de zapatos. La revelación puso en evidencia la falta de acción de las autoridades estatales y llevó al gobierno federal a intervenir en la investigación.
El rancho, ubicado en Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara, ya había sido inspeccionado por autoridades hace seis meses tras un operativo de la Guardia Nacional. En ese momento, se reportó la detención de diez personas, la liberación de dos secuestrados y la localización de un cuerpo envuelto en plástico. Sin embargo, el caso quedó en el olvido hasta que el colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco regresó al sitio por cuenta propia, encontrando evidencias que las autoridades no detectaron en su momento.
Un campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado
El rancho supuestamente era utilizado como centro de entrenamiento para sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según Indira Navarro, líder del colectivo de búsqueda, el lugar también habría servido para la ejecución y desaparición de personas.
“Aunque suene terrible, este sitio era un centro de exterminio”, declaró.
Las imágenes publicadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco muestran montones de zapatos y ropa, algunos de los cuales ya han sido reconocidos por familias de desaparecidos. La Fiscalía informó que se han localizado seis grupos de restos óseos, aunque aún no se determina a cuántas víctimas corresponden.
Falta de acción y presión ciudadana
Las familias de los desaparecidos han tomado la iniciativa ante la ineficacia de las instituciones gubernamentales. Colectivos como el que realizó el hallazgo han tenido que suplir la labor de las autoridades en la búsqueda de fosas clandestinas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación, tras la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Conferencia del Episcopado Mexicano también reaccionó al descubrimiento, calificándolo como una “omisión irresponsable” de las autoridades a nivel estatal y federal, además de ser una muestra de la crisis de desaparecidos que enfrenta el país, con más de 120,000 casos registrados.