La explotación de oro en Nicaragua se ha convertido en un fenómeno devastador que afecta a ecosistemas y comunidades indígenas y afrodescendientes. Este auge extractivo está impulsado por corporaciones, colonos y el apoyo tácito del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han facilitado el crecimiento de la minería a gran escala a costa de la violencia y el desplazamiento.
Desde 2020, al menos 73 personas indígenas han perdido la vida en conflictos relacionados con la minería, según un informe del Oakland Institute de 2024. Regiones como la Reserva de la Biosfera Bosawás han sido escenario de masacres, desplazamientos forzados y destrucción ambiental. Colonos armados, a menudo vinculados al partido gobernante, han invadido territorios indígenas para extraer recursos, a menudo con la complicidad de las autoridades.
El caso de la comunidad Wilú en 2023 ilustra esta problemática: un ataque de 60 colonos armados dejó seis muertos, viviendas destruidas y animales sacrificados. A pesar de medidas precautorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Ortega-Murillo ha ignorado las resoluciones, permitiendo que la violencia continúe.
Auge de la minería industrial
La privatización de la minería en 1994 marcó el inicio de una era dominada por corporaciones transnacionales. Empresas como la canadiense Calibre Mining controlan extensas concesiones que abarcan más del 20% del territorio nacional. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, las exportaciones de oro superaron los $1,130 millones en 2023, convirtiéndolo en el principal producto de exportación del país.
Mientras tanto, comunidades indígenas como los miskitos y mayangnas, que históricamente practicaban minería artesanal, han sido desplazadas por operaciones a gran escala que priorizan el beneficio económico sobre los derechos comunitarios y la conservación ambiental.
Consecuencias y perspectivas
El modelo extractivista promovido por el gobierno ha generado graves desigualdades sociales y un éxodo masivo: más del 22% de la población nicaragüense vive fuera del país. A nivel internacional, organizaciones como Fundación del Río denuncian el impacto ambiental y humano de la minería, mientras que gobiernos extranjeros y corporaciones siguen beneficiándose de un entorno regulatorio favorable.
La fiebre del oro en Nicaragua refleja un patrón de extractivismo que pone en riesgo no solo a las comunidades afectadas, sino también a los ecosistemas que sustentan la biodiversidad y los recursos naturales del país.
Artículo inspirado en reportes de Confidencial, Oakland Institute y MEM.