Guatemala dio marcha atrás con el seguro vehicular obligatorio. El presidente Bernardo Arévalo anunció la suspensión del decreto luego de dos días de protestas en las calles. Las manifestaciones incluyeron bloqueos en rutas principales y choques con la policía.
La medida, que debía aplicarse a partir del 1 de mayo, obligaba a contratar un seguro para cubrir daños a terceros. Esto aplicaba a dueños de autos, motos, camiones y autobuses. Según el gobierno, el objetivo era proteger a las víctimas de accidentes viales.
Sin embargo, muchas personas se opusieron. En Guatemala, más del 50% de la población vive en la pobreza. Por lo tanto, gran parte de los ciudadanos consideró que no podría pagar el seguro. Además, el decreto no ofrecía detalles sobre los costos reales que implicaría.
Arévalo reconoció que la propuesta fue mal comunicada. Aunque sigue convencido de que es necesaria una nueva ley de transporte, afirmó que el proceso debe ser más claro. Después de reunirse con manifestantes, decidió crear un comité técnico. Este grupo tendrá un año para elaborar una nueva versión del plan.
El conflicto comenzó tras un accidente mortal ocurrido el mes pasado. Un autobús cayó por un barranco, dejando más de 50 fallecidos. A raíz de esa tragedia, el gobierno buscó acelerar la implementación de reformas. No obstante, la falta de diálogo generó malestar social.
Por ahora, la población espera mayor transparencia en futuras decisiones. La suspensión del decreto fue vista como una victoria ciudadana. Aunque el gobierno insiste en que el seguro será implementado más adelante, ahora deberá enfrentar el desafío de incluir a todos los sectores en la discusión. De lo contrario, futuras medidas podrían volver a enfrentar una fuerte resistencia.
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