Desde 2008, Continental Towers Honduras ha estado construyendo y comercializando torres de telecomunicaciones para las compañías de telefonía móvil del país. Sin embargo, un arbitraje internacional celebrado en Nueva York podría arrebatar el control de estas empresas hondureñas a sus socios centroamericanos. Según un reportaje de La Tribuna, el caso involucra contratos presuntamente amañados por la contraparte estadounidense, fraudes millonarios de uno de los gerentes y acusaciones de parcialidad por parte de los jueces.
De acuerdo con expertos legales que han seguido el caso Continental Towers Honduras & Colocation Technologies de Honduras, este es uno de los muchos ejemplos que ponen en duda la credibilidad de los tribunales supranacionales.
Dichos tribunales han sido señalados por favorecer consistentemente a las partes extranjeras, una situación que ha llevado a varios gobiernos, incluido Honduras, a renunciar a su jurisdicción. Según los expertos, estos organismos no respetan el debido proceso ni el derecho a la defensa, principios fundamentales en cualquier sistema judicial.
En el caso específico de estas compañías hondureñas, después de años de operaciones exitosas, ahora enfrentan cuatro fallos desfavorables emitidos por árbitros internacionales. Uno de estos fallos, en particular, ha sido señalado por su parcialidad, ya que negó a la parte centroamericana el derecho básico a la defensa, un derecho garantizado por la normativa internacional en este tipo de arbitrajes. Los expertos evitaron dar más detalles mientras el juicio continúa.
Socios estadounidenses y asfixia financiera
Las empresas hondureñas fueron fundadas en 2008 por empresarios centroamericanos, enfocándose en la construcción y comercialización de infraestructura pasiva de telecomunicaciones. Hasta la fecha, han construido 163 torres, operando como parte de un holding con sede en Guatemala y subsidiarias en Centroamérica y Sudamérica.
La compañía experimentó un crecimiento sostenido hasta 2015, cuando decidió asociarse con la firma estadounidense Peppertree Capital Management Inc. para expandir sus operaciones. Posteriormente, se sumó a la sociedad Goldman Sachs, también de capital estadounidense. Ambas compañías adquirieron el 45% de las acciones, mientras que los socios centroamericanos mantuvieron el 55%.
Sin embargo, según los expertos citados por La Tribuna, los nuevos socios estadounidenses implementaron un esquema fraudulento para debilitar financieramente a la empresa. El objetivo era reducir el flujo de caja y la competitividad, con la intención de devaluar la empresa para 2020. En ese momento, planeaban adquirirla a un precio significativamente inferior al de mercado, utilizando una tercera empresa del mismo sector.
El acuerdo inicial de socios fue descrito como leonino, ya que impedía que los accionistas centroamericanos, a pesar de ser mayoritarios, tomaran decisiones ejecutivas que pudieran mejorar el rendimiento y el valor de la empresa. Esta restricción afectó directamente la rentabilidad y redujo el beneficio que los accionistas mayoritarios podrían haber obtenido en una eventual venta.
Uno de los momentos críticos del conflicto ocurrió cuando los socios estadounidenses exigieron un préstamo con condiciones financieras complejas. El objetivo era provocar un incumplimiento por parte de Continental Towers, lo que permitiría a los accionistas minoritarios tomar el control total de la empresa. Ante la negativa de los socios centroamericanos a aceptar el crédito, los socios estadounidenses iniciaron un bloqueo sistemático, impidiendo la construcción y comercialización de nuevas torres. Esta estrategia redujo los ingresos de la empresa y afectó su valor de mercado.
Un gerente con historial criminal
En 2021, los socios minoritarios iniciaron un arbitraje internacional privado en Nueva York, obteniendo hasta ahora tres laudos favorables. Uno de estos fallos ordenó la venta de la empresa bajo las condiciones impuestas por los accionistas estadounidenses, lo que probablemente resultará en una venta a un precio inferior al valor de mercado.
Durante el proceso de arbitraje, surgió un nuevo actor: Jorge Alberto Gaitán Castro, un exejecutivo con antecedentes penales que ha sido clave en la estrategia de los accionistas minoritarios. Sorprendentemente, los jueces lo designaron como CEO para dirigir el proceso de venta de la empresa, a pesar de que enfrenta múltiples acusaciones de desfalco en países como El Salvador y Guatemala.
En El Salvador, Gaitán Castro tiene una orden de captura y solicitud de extradición por malversación de fondos, mientras que en Guatemala enfrenta cargos por robos y fraudes. En Honduras, también ha sido denunciado por mala administración, sustracción de información y fraude.
Expertos legales advierten que este caso evidencia la parcialidad de los arbitrajes internacionales a favor de las partes estadounidenses. Según los denunciantes, los árbitros han inventado y aplicado procedimientos no estipulados en el acuerdo original, han emitido órdenes por iniciativa propia y han excedido su jurisdicción al actuar fuera de su autoridad.
Este caso continúa en desarrollo y pone en el centro del debate la transparencia y la imparcialidad de los tribunales internacionales, así como la necesidad de proteger los derechos de las empresas locales frente a intereses extranjeros.