La dramática situación de seguridad en Haití podría resolverse con relativa rapidez si las fuerzas policiales reciben el equipamiento adecuado y si los países vecinos colaboran activamente, afirmó William O’Neill, experto designado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Estamos hablando de entre 2,500 y 3,000 policías internacionales bien entrenados y equipados. Es algo completamente factible”, aseguró O’Neill en una conferencia de prensa reciente.
Una crisis que sigue agravándose
Actualmente, más de un millón de personas han tenido que desplazarse debido al aumento de la violencia generada por grupos criminales, que día a día amplían su dominio territorial en Haití. La situación económica también es crítica, con los precios de los alimentos subiendo aceleradamente.
“El riesgo de que Puerto Príncipe caiga bajo control de las pandillas es real y urgente”, alertó O’Neill, enfatizando la necesidad de actuar inmediatamente.
Apoyo internacional urgente
Ante este panorama, el Consejo de Seguridad de la ONU evalúa actualmente un modelo híbrido de apoyo en seguridad, que consistiría en una oficina presupuestada encargada de respaldar una misión internacional voluntaria ya existente. Hasta ahora, dicha misión no ha contado con suficientes recursos ni personal.
El gobierno haitiano solicitó una misión formal de mantenimiento de paz desde 2022, propuesta rechazada por Rusia y China. Sin embargo, O’Neill sostiene que la oficina de apoyo podría proporcionar elementos clave como helicópteros, piezas de repuesto y vehículos apropiados para transitar tanto por Puerto Príncipe como por las áreas rurales montañosas.
Responsabilidad de países vecinos
Además, O’Neill subrayó la responsabilidad de países vecinos, especialmente Estados Unidos, principal fuente de armas ilegales que llegan a Haití.
“Ni armas ni municiones se fabrican en Haití. Si logramos cortar ese flujo, las pandillas eventualmente se quedarán sin municiones”, explicó.
El experto también hizo un llamado explícito a Estados Unidos, República Dominicana, Bahamas y las Islas Turcas y Caicos para detener las deportaciones hacia Haití, dado que el país no puede garantizar actualmente un retorno seguro y digno, exigido por el derecho internacional.
“No hay tiempo que perder”, concluyó O’Neill, en referencia a la urgencia para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que vive Haití.
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