Ecuador ha confirmado que los restos carbonizados encontrados la semana pasada en la ciudad de Taura corresponden a los cuerpos de cuatro niños que desaparecieron el 8 de diciembre. La fiscalía del país informó sobre el hallazgo el martes, tras una desaparición que desató una ola de indignación en todo el país y generó preguntas sobre la posible implicación del ejército ecuatoriano.
Los cuatro menores, con edades entre 11 y 15 años, habían salido a jugar al fútbol en la ciudad costera de Guayaquil cuando desaparecieron. Imágenes de vigilancia mostraron a dos de los niños siendo llevados por soldados en una camioneta. Sin embargo, la investigación sobre la desaparición no comenzó hasta 15 días después de que se tuviera acceso a las grabaciones, lo que levantó dudas sobre el manejo del caso.
El caso, conocido como el “Caso Malvinas”, ha provocado protestas en las ciudades de Quito y Guayaquil. Los familiares de los niños exigieron respuestas a las autoridades, lo que impulsó el inicio de la investigación sobre la posible implicación de miembros del ejército.
Estado de emergencia por los carbonizados
La desaparición de los niños ha generado gran preocupación debido a las medidas excepcionales que se han implementado en el país. El presidente Daniel Noboa ha declarado a numerosas organizaciones criminales como “terroristas” y ha recurrido a las fuerzas militares para apoyar a la policía en su lucha contra el crimen. Sin embargo, este tipo de medidas de emergencia en América Latina ha sido históricamente vinculado a abusos de poder, como la corrupción, la tortura y las desapariciones forzadas.
La semana pasada, 16 miembros del ejército ecuatoriano fueron arrestados en relación con la desaparición de los niños. Un juez, Dennis Ugalde Alvarez, ordenó que los militares permanecieran detenidos mientras continúa la investigación. Antonio Arroyo, tío de dos de los niños desaparecidos, expresó su esperanza de que los responsables sean castigados adecuadamente. “Que vayan directamente a la cárcel, donde deben estar”, comentó Arroyo.
Este caso resalta las tensiones sociales generadas por la inseguridad y las políticas de seguridad en Ecuador, un país que enfrenta una creciente ola de violencia y que, según críticos, podría estar abriendo la puerta a violaciones de derechos humanos.