El pasado domingo, 9, los ecuatorianos acudieron a las urnas por tercera vez en cuatro años, un reflejo de la inestabilidad que domina el país. Desde 2019, Ecuador ha atravesado crisis políticas intensas, marcadas por protestas violentas, dos procesos de destitución presidencial, la disolución del Parlamento e incluso el asesinato de un candidato presidencial.
El actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, llegó al cargo en noviembre de 2023 tras una elección anticipada convocada por el entonces mandatario Guillermo Lasso, quien disolvió el Parlamento antes de enfrentar un juicio político. Su principal rival, Luisa González, exdiputada y abogada, cuenta con el respaldo de Rafael Correa, expresidente que gobernó el país entre 2007 y 2017 y actualmente reside en Bélgica tras haber sido condenado por corrupción.
La contienda entre Noboa y González fue sumamente reñida, llevando la elección a una segunda vuelta programada para abril. Con más del 96% de los votos escrutados hasta el martes (11), Noboa obtuvo el 44,15% de los votos válidos, mientras que González alcanzó el 43,95%.
El aumento de la violencia y su impacto en las elecciones
Además de la inestabilidad política, la creciente violencia en Ecuador representa uno de los mayores desafíos para el próximo presidente. Tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, facciones disidentes se expandieron por la región, intensificando los conflictos con carteles y bandas criminales dentro de Ecuador.
Las cifras de criminalidad son alarmantes. Entre 2016 y 2022, la tasa de homicidios en el país pasó de 6 a 26 por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos del Reino Unido. En 2024, el gobierno registró 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, una leve reducción con respecto al año anterior (47/100.000), pero aún un índice extremadamente alto.
En respuesta, Noboa implementó una política de seguridad basada en la militarización y en sucesivos decretos de estado de excepción. Sin embargo, esta estrategia ha sido cuestionada tanto por su efectividad como por denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Tensiones políticas y desafíos institucionales
El proceso electoral también ha generado polémicas. La oposición acusa a Noboa de no haberse apartado del cargo de presidente durante la campaña, lo que supondría una violación a las normas electorales. Por su parte, el mandatario ha insinuado, sin presentar pruebas, que hubo irregularidades en el conteo de votos.
El escenario ecuatoriano refleja una creciente polarización, un fenómeno común en varios países de América Latina, donde liderazgos populistas de distintos espectros políticos compiten por el poder. Sin embargo, la fragilidad institucional del país agrava aún más la situación, poniendo en riesgo la estabilidad democrática.
Se espera que, de cara a la segunda vuelta, los candidatos presenten propuestas concretas para los principales problemas que afectan a la población, especialmente en materia de seguridad y economía. Más allá del resultado electoral, el ganador deberá trabajar para restaurar la confianza en las instituciones y reducir la tensión en el complejo escenario político ecuatoriano.