En la República Dominicana, miles de reclusos conocidos como “hombres rana” son obligados a dormir en el suelo de las cárceles, a menudo junto a letrinas desbordadas o agujeros en el suelo que sirven como baños.
El sistema penitenciario del país opera hasta con siete veces su capacidad, dejando a la mayoría de los presos en condiciones precarias y sin acceso adecuado a atención médica. Muchos nunca han sido formalmente acusados de un delito.
A pesar de las promesas de reforma, los críticos afirman que el gobierno dominicano sigue aplicando detenciones preventivas de manera indiscriminada, sin presentar cargos en la mayoría de los casos.
Detención preventiva sin juicio
Según la Oficina Nacional de Defensa Pública, más del 60% de los aproximadamente 26.000 presos del país están en régimen de detención preventiva. Las autoridades justifican la medida como una forma de proteger a la sociedad y ganar tiempo para reunir pruebas, pero hay detenidos que han pasado hasta 20 años en prisión sin haber sido condenados.
La Constitución del país establece que la prisión preventiva debería ser una medida excepcional. Existen otras seis alternativas, como la fianza, pero rara vez se aplican, según Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
La Penitenciaría Nacional La Victoria, en las afueras de Santo Domingo, fue construida para albergar a 2.100 reclusos, pero actualmente cuenta con más de 7.000, de los cuales 3.300 están en detención preventiva.
El año pasado, al menos 11 reclusos murieron en un incendio dentro de la prisión, provocado por un cortocircuito en una celda. Fue uno de los incidentes más graves desde 2005, cuando 134 reclusos murieron en un incendio provocado por bandas rivales en Higüey.
Tras la tragedia en La Victoria, el presidente Luis Abinader nombró a Roberto Santana, exdirector del sistema penitenciario, para liderar una comisión de reformas.
“Debemos admitir que tenemos una crisis en el sistema penitenciario de todo el país”, declaró Abinader al anunciar la creación de la comisión. También prometió que los recursos recuperados de casos de corrupción se destinarán a la construcción de nuevas prisiones.
Cárceles en estado crítico
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana advirtió que el sistema penitenciario está “al borde del colapso”.
Las condiciones en las celdas son insalubres, sin ventilación, luz natural ni baños adecuados. Se estima que alrededor de 5.000 reclusos padecen enfermedades graves, como problemas cardíacos, cáncer y VIH, pero muchos no reciben tratamiento médico adecuado. En algunas cárceles, ni siquiera hay personal de salud.
Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública señaló que varias prisiones, incluida una en la ciudad de Nagua, deberían cerrarse urgentemente.
“El nivel de hacinamiento hace imposible cualquier tipo de rehabilitación, ya que los reclusos han sido completamente olvidados por el Estado”, señala el informe. “En las condiciones actuales, es evidente que son tratados como objetos y no como seres humanos con derechos”.
En algunas prisiones, la situación es tan grave que los reclusos han sido mantenidos al aire libre en camiones metálicos expuestos al sol, lo que ha generado demandas judiciales.
Corrupción y retrasos en la reforma
La corrupción en el sistema penitenciario ha sido señalada como una de las principales razones de la falta de reformas. Tanto Santana como Valentín acusan a policías y militares que administran las prisiones de beneficiarse de actividades ilegales dentro de las cárceles.
La construcción de una nueva penitenciaría, que debía aliviar el hacinamiento, fue suspendida por denuncias de corrupción.
Aun así, Santana prevé que para 2028 se habrán construido 25 nuevas prisiones con capacidad para albergar a más de 20.000 reclusos.
Mientras tanto, miles de detenidos siguen encarcelados incluso después de haber obtenido órdenes judiciales de liberación. Se estima que alrededor de 2.700 presos continúan tras las rejas porque sus expedientes están paralizados en los tribunales. Otros permanecen detenidos porque no pueden pagar las multas impuestas por los jueces.