La administración de Donald Trump deportó a cientos de inmigrantes hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que bloqueaba temporalmente las expulsiones, según informaron las autoridades este domingo. En el momento del fallo, ya había vuelos en curso con destino a El Salvador y Honduras.
El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió el sábado una orden para frenar las deportaciones, pero abogados informaron que dos aviones ya estaban en el aire. Aunque el juez ordenó verbalmente que fueran devueltos, su directriz no fue incluida en la orden escrita, lo que permitió que los vuelos continuaran.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que el gobierno haya desobedecido el fallo, afirmando que “la orden, sin base legal, fue emitida después de que los terroristas TdA ya habían sido removidos del territorio estadounidense”. El término “TdA” hace referencia a la pandilla Tren de Aragua, objetivo de la proclamación presidencial firmada por Trump el sábado.
Controversia sobre la invocación de una ley de 1798
El gobierno de Trump utilizó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para justificar las deportaciones. Esta norma históricamente se ha usado solo en tres ocasiones: en la Guerra de 1812 y en las dos Guerras Mundiales. Requiere que el presidente declare que EE.UU. está en guerra, otorgándole facultades extraordinarias para detener o expulsar a extranjeros que, de otra manera, estarían protegidos por la ley de inmigración.
Desde el Air Force One, Trump evitó responder directamente si su administración violó la orden judicial, limitándose a decir: “Estos eran malos sujetos”. Además, justificó la medida declarando que “estamos en tiempo de guerra”, refiriéndose a la supuesta “invasión” de criminales extranjeros.
El gobierno de Venezuela condenó la acción de Trump, calificándola de “un eco de los episodios más oscuros de la historia”, comparándola con la esclavitud y los campos de concentración nazis.
Deportaciones y reacciones internacionales
Las deportaciones fueron celebradas por aliados de Trump, incluyendo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien acordó recibir a 300 inmigrantes en prisión durante un año por un costo de 6 millones de dólares. “Ups… demasiado tarde”, escribió Bukele en X (antes Twitter), comentario que fue compartido por la Casa Blanca.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, también defendió la medida: “Enviamos más de 250 miembros enemigos de Tren de Aragua a El Salvador, donde serán retenidos en sus excelentes cárceles, a un precio justo que además ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.
Sin embargo, expertos legales como Steve Vladeck, de la Universidad de Georgetown, afirmaron que la administración Trump violó el “espíritu” de la orden judicial, aunque Boasberg no especificó términos más estrictos.
“Esto incentivará a los jueces a ser mucho más detallados en sus fallos para evitar que el gobierno tenga margen de maniobra”, dijo Vladeck.
Imágenes de los deportados generan controversia
El gobierno de El Salvador publicó videos de los inmigrantes llegando al país, descendiendo de los aviones con esposas en manos y tobillos, custodiados por agentes con equipo antimotines. Luego, fueron transportados a la Cárcel de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las prisiones más temidas de la región. Las imágenes muestran a los detenidos rapados y vestidos con uniformes blancos, arrodillados en el suelo.
El Centro de Derechos Humanos de Washington alertó que “cualquier venezolano en EE.UU. podría ser deportado bajo el pretexto de pertenecer al Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”.
Mientras tanto, la orden judicial que bloquea las deportaciones estará vigente por 14 días, tiempo durante el cual los inmigrantes deberán permanecer bajo custodia federal. Una audiencia adicional está programada para el viernes, donde se discutirá la legalidad de la acción presidencial.
El juez Boasberg enfatizó la urgencia de su decisión:
“Una vez que estén fuera del país, hay poco que pueda hacer”.