Venezuela volverá a recibir vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, tras retomar un acuerdo que había sido suspendido semanas atrás por decisión del presidente Nicolás Maduro. La medida, anunciada el sábado, 22, en cadena nacional, reanuda el proceso de repatriación que había sido frenado en medio de una disputa diplomática con la administración de Donald Trump.
“Gracias a la perseverancia del gobierno, mañana retomamos los vuelos para seguir rescatando y liberando a nuestros migrantes de las cárceles en Estados Unidos”, declaró Maduro, según reportó la agencia Reuters.
El acuerdo original había sido alcanzado por el enviado especial de Trump, Richard Grenell, y contemplaba la repatriación de ciudadanos venezolanos, incluyendo presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua. En su red Truth Social, Trump llegó a afirmar que Venezuela también se haría cargo del transporte aéreo de los deportados. Sin embargo, el pacto fue interrumpido el 8 de marzo, luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. revocara la licencia de Chevron para exportar petróleo venezolano.
En respuesta a la suspensión de vuelos, el gobierno estadounidense deportó 238 venezolanos —acusados de vínculos con el Tren de Aragua— a El Salvador, donde fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad. La decisión generó reacciones tanto en Venezuela como en EE.UU., especialmente tras conocerse que un juez federal en Washington había intentado bloquear la deportación por vía verbal, sem sucesso.
Desde Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el nuevo acuerdo con Estados Unidos garantiza el retorno de los venezolanos con respeto a sus derechos humanos.
“Migrar no es un delito. No descansaremos hasta que todos los que deseen volver estén de regreso, y logremos rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador”, afirmó Rodríguez.
La Casa Blanca ha evitado pronunciarse sobre el caso, mientras que la legalidad de las deportaciones sigue siendo objeto de disputas judiciales. El juez James Boesberg exigió más explicaciones al gobierno durante una audiencia el viernes, mientras crecen las críticas por un posible desacato a la orden judicial.
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