El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha anunciado la liberación de más de 500 manifestantes detenidos tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Estas medidas ocurren en medio de una creciente presión internacional por denuncias de represión, violaciones de derechos humanos y una crisis de legitimidad que ha puesto al país en el foco global.
La Vicepresidencia de Seguridad Ciudadana y Paz, encabezada por Diosdado Cabello, confirmó la liberación de 103 manifestantes en la última semana, una cifra que se suma a otros 225 excarcelados en noviembre. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal solo han podido verificar 48 de los casos recientes. En total, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que 533 personas han recibido órdenes de liberación.
A pesar de estos anuncios, las ONG venezolanas denuncian retrasos en la ejecución de estas medidas y advierten sobre la continuidad de prácticas represivas. La organización Observatorio Venezolano de Prisiones informó que tres manifestantes han fallecido bajo custodia en los últimos meses, dos de ellos en las últimas 72 horas. Uno de los casos corresponde a un hombre de 43 años detenido en agosto junto a su hijo, quien aún permanece en prisión. La familia del fallecido denunció negligencia médica al no recibir atención oportuna.
Detenciones arbitrarias y desapariciones
Las protestas se desataron después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos desglosados de las urnas, lo que generó acusaciones de fraude por parte de la oposición. Manifestantes, incluidos más de 150 menores de entre 14 y 17 años, han sido acusados de delitos como terrorismo y conspiración.
Simultáneamente, se registran desapariciones forzadas, como la de Sofía María Sahagún Ortíz, ciudadana venezolana-española, desaparecida desde octubre en el aeropuerto de Maiquetía. Human Rights Watch ha exigido explicaciones al gobierno, calificando su desaparición como un “crimen grave bajo la ley internacional”. Otro caso es el de Rocío San Miguel, activista arrestada en febrero, cuya primera imagen fue divulgada recientemente tras su detención bajo cargos de traición.
Maduro ante la crisis de legitimidad
Con la toma de posesión prevista para enero de 2025, el gobierno de Maduro enfrenta una crisis de legitimidad similar a la de 2019, cuando la comunidad internacional desconoció su mandato. El exiliado candidato opositor Edmundo González Urrutia continúa proclamando su victoria electoral desde España, afirmando que regresará al país para asumir la presidencia.
Mientras el gobierno intenta dar señales de “apertura democrática” con liberaciones de presos, la Misión de Determinación de los Hechos de la Corte Penal Internacional ha documentado el recrudecimiento de la represión estatal tras los comicios, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, torturas y violencia sexual.
Balance actual
El panorama en Venezuela sigue marcado por la contradicción entre los anuncios oficiales y las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las liberaciones de manifestantes, aunque significativas, no han frenado los abusos ni aliviado las tensiones políticas. La comunidad internacional sigue de cerca los eventos, mientras organismos como la Corte Penal Internacional avanzan en sus investigaciones contra el régimen de Maduro.
Artículo inspirado en reportes de AP, Reuters y organizaciones de derechos humanos.