Puerto Rico enfrenta una controversia ambiental luego de que el nuevo secretario de Recursos Naturales suspendiera una investigación sobre construcciones ilegales en la costa suroeste de la isla. La decisión ha generado críticas y preocupaciones sobre la protección de los recursos naturales.
El jueves (10), Waldemar Quiles, recién nombrado por la gobernadora Jenniffer González, emitió una orden administrativa que archivó las investigaciones relacionadas con la tala ilegal de manglares y ampliaciones no autorizadas en La Parguera, una reserva natural famosa por su bahía bioluminiscente. Entre los investigados estaban los suegros de González, acusados de realizar estas modificaciones en su propiedad.
González defendió que las acusaciones eran parte de una “persecución política” vinculada al periodo previo a las primarias de su partido. Por su parte, el exgobernador Pedro Pierluisi, derrotado por González, negó que la investigación tuviera motivaciones políticas.
Legalización de estructuras irregulares genera indignación
La decisión de Quiles también incluye la legalización de viviendas en la zona mediante el pago de una tarifa cada cinco años. Ambientalistas, como el abogado experto en derecho ambiental Pedro Saadé, calificaron la medida como ilegal y perjudicial para la protección de los recursos naturales.
“Es inaceptable que una orden tan amplia normalice usos ilegales de bienes de dominio público,” afirmó Saadé, quien advirtió que este precedente podría fomentar más desarrollos irregulares en Puerto Rico.
Hernaliz Vázquez, presidenta del capítulo puertorriqueño del Sierra Club, también criticó la decisión de Quiles y la calificó como un beneficio indebido para los familiares de la gobernadora. “Legalizar retroactivamente construcciones que afectan una reserva protegida no solo es irresponsable, sino también ilegal,” declaró.
Debate en el Senado y respuesta oficial
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó explicaciones sobre la orden administrativa de Quiles y subrayó la necesidad de transparencia para evitar aparentes privilegios selectivos.
En respuesta, Quiles aseguró que la decisión fue preparada por la administración anterior y busca resolver un limbo legal que ha persistido durante décadas, afectando tanto a los propietarios como al gobierno. Asimismo, destacó que la medida establece responsabilidades para los residentes de la zona.
La polémica sigue creciendo, mientras organizaciones ambientales exigen revertir la decisión para salvaguardar las reservas naturales de Puerto Rico.