El gobierno peruano acaba de recortar drásticamente el tamaño del parque arqueológico que protege las emblemáticas Líneas de Nazca, una medida que desató preocupación entre ambientalistas, arqueólogos y defensores del patrimonio. El nuevo perímetro representa una disminución del 42% del área protegida, lo que equivale a perder más de 1.000 hectáreas de una de las zonas más frágiles del desierto sudamericano.
La decisión, oficializada el 30 de mayo, reduce la superficie del parque de 5.600 a unos 3.200 kilómetros cuadrados. Aunque el Ministerio de Cultura sostiene que la resolución responde a estudios arqueológicos actualizados y no compromete el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO, varios expertos coinciden en que podría abrir la puerta a la minería informal y debilitar décadas de protección cultural y ecológica.
Mariano Castro, exviceministro de Medio Ambiente, fue contundente: “La reducción se da precisamente donde hay expansión de actividades extractivas”. Según él, excluir zonas donde ya existen concesiones mineras —activas o solicitadas— expone el patrimonio a daños graves e irreversibles.
La preocupación crece porque, además de la importancia arqueológica, el área alberga ecosistemas desérticos únicos. Las Líneas de Nazca, enormes geoglifos trazados hace más de dos mil años, requieren condiciones climáticas específicas y un entorno protegido para mantenerse intactas.
A pesar de eso, la UNESCO aseguró a la prensa que no ha sido informada oficialmente por Perú sobre cambios en los límites del sitio protegido.
El abogado ambientalista César Ipenza advierte que la decisión no solo implica retrocesos culturales, sino que vulnera los compromisos internacionales del país.
“El Estado está cediendo ante intereses privados. Esto es parte de un patrón que favorece a la minería informal”, afirmó.
De hecho, el propio ministro de Cultura, Fabricio Valencia, reconoció que hay actividad minera ilegal dentro de la zona. Aunque aseguró que la reducción del parque no promoverá esa actividad, evitó precisar qué tipo de minerales se extraen allí o cuántas concesiones están vigentes.
Los críticos sostienen que este cambio contraviene leyes peruanas, como el artículo 5(h) de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que exige preservar el patrimonio arqueológico e histórico. Para Ipenza, el gobierno está disfrazando concesiones como ajustes técnicos: “Se está olvidando a nuestros ancestros para favorecer a quienes actúan al margen de la ley”.
La tensión entre desarrollo económico, legalidad y conservación patrimonial vuelve a tensar el debate en Perú. Lo que está en juego no es solo un mapa: es la memoria milenaria que descansa en el desierto.