Este 10 de enero, Nicolás Maduro será juramentado como presidente de Venezuela para un nuevo período de seis años, lo que extenderá su tiempo en el poder hasta al menos 2031. La ceremonia, que tendrá lugar en la sede del Parlamento en Caracas, ocurre en un contexto de denuncias de fraude electoral, represión y tensiones políticas que han marcado al país en los últimos años.
Elecciones cuestionadas y desafíos de la oposición
Las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el gobierno declaró a Maduro ganador con el 52% de los votos, han sido ampliamente cuestionadas. El Consejo Nacional Electoral no publicó las actas de votación, lo que alimentó las denuncias de irregularidades por parte de la oposición. Edmundo González, quien se presentó como candidato opositor, sostiene que ganó con más del 60% de los votos, un resultado respaldado por actas recolectadas por testigos.
Mientras tanto, observadores internacionales como el Centro Carter y expertos de Naciones Unidas señalaron la falta de transparencia en el proceso electoral. Pese a ello, el Tribunal Supremo, controlado por el oficialismo, validó la reelección de Maduro.
En vísperas de la juramentación, Caracas amaneció con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad y colectivos progubernamentales. Estos grupos, conocidos por sus tácticas de intimidación, patrullaron las calles para evitar manifestaciones. Según la ONG Foro Penal, en la última semana se reportaron 18 nuevas detenciones políticas, incluyendo la de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González.
La oposición, liderada por González y María Corina Machado, convocó protestas, pero la participación fue reducida. El temor a la represión y el desgaste de las movilizaciones previas disminuyeron la capacidad de convocatoria.
Reacciones internacionales y el futuro político
La comunidad internacional sigue dividida. Estados Unidos y varios países europeos reconocen a González como presidente legítimo, mientras que aliados de Maduro como China y Rusia enviaron representantes a la ceremonia. Gobiernos regionales como Brasil, Colombia y México optaron por mantener un enfoque diplomático, enviando a sus embajadores.
Maduro, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha consolidado un régimen autoritario en medio de una grave crisis económica y humanitaria. Con casi 8 millones de venezolanos emigrando en los últimos años, el país enfrenta un futuro incierto, marcado por la represión y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
La toma de posesión de Maduro simboliza la continuidad de un régimen que se ha incrustado en el poder a costa de la democracia y los derechos humanos. La oposición busca transformar su narrativa en acciones concretas, pero enfrenta el desafío de operar en un entorno político cada vez más restrictivo.