Las elecciones judiciales de Bolivia, un proceso único en el mundo que permite a los ciudadanos votar por los altos cargos del poder judicial, estuvieron en el centro de atención esta semana. Aunque líderes como el presidente Luis Arce las promueven como un hito democrático, el sistema ha generado críticas generalizadas por fomentar la influencia política sobre la justicia.
Mientras Bolivia celebra su tercera elección de este tipo, muchos votantes expresan frustración y apatía. “La mayoría de los que vinimos a votar no conocemos a los candidatos”, comentó Franz Condori, haciendo fila bajo el sol en Jesús de Machaca. El descontento popular no es nuevo. En elecciones previas, la mayoría de los votos fueron nulos, reflejando el rechazo hacia un sistema que, según los críticos, prioriza intereses políticos por encima de la imparcialidad judicial.
México, que pronto adoptará un sistema similar impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, observa de cerca. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, ha enviado observadores a La Paz para analizar el proceso, mientras enfrenta el desafío de implementar su propia reforma judicial.
En Bolivia, el sistema ha sido objeto de debate desde su introducción en 2009 por el expresidente Evo Morales, quien argumentó que democratizaría la justicia. Sin embargo, los resultados han sido divisivos. Según analistas, las elecciones judiciales han convertido los tribunales en herramientas políticas, beneficiando a los partidos en el poder.
El impacto
El impacto político de estas elecciones va más allá de los juzgados. En 2016, la Corte Constitucional de Bolivia, elegida bajo este sistema, permitió que Morales buscara un cuarto mandato, desafiando los límites establecidos por la Constitución de 2009. Este controvertido fallo, que se consideró una violación a la voluntad popular, desencadenó protestas masivas y marcó el principio del fin de su largo mandato.
Ahora, tanto Morales como su sucesor, Arce, se enfrentan en una lucha de poder por el control del sistema judicial. Las elecciones actuales son parciales, con solo cuatro de los nueve puestos de la Corte Constitucional en juego, lo que asegura que los jueces leales a Arce mantendrán una influencia significativa.
El caso de Bolivia ofrece lecciones importantes para México. Aunque la intención de democratizar el sistema judicial puede parecer noble, los riesgos de politización son altos. Como señaló el analista político Paul Coca, “los jueces han convertido la Corte Constitucional en una especie de súper poder”.
Con la implementación del nuevo sistema en México, expertos advierten que es crucial equilibrar la democratización de la justicia con la independencia judicial para evitar que los tribunales se conviertan en extensiones de los intereses políticos.
En palabras de un delegado electoral boliviano, al ser consultado sobre si México debería seguir el ejemplo de Bolivia: “Si te doy mi opinión personal, podría causarme problemas”.