Un tribunal de apelaciones de Guatemala ordenó este lunes la detención de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, y del exministro de Defensa Iván Velásquez, ambos vinculados a la antigua misión anticorrupción de la ONU en el país centroamericano. La decisión ha generado un fuerte rechazo internacional y reavivó el debate sobre el uso político de la justicia en Guatemala.
Los cargos fueron promovidos por el fiscal Rafael Curruchiche, quien ha sido sancionado por Estados Unidos e instituciones europeias por obstruir investigaciones sobre corrupción. Según él, tanto Camargo como Velásquez habrían incurrido en el delito de asociación ilícita al negociar con la constructora brasileña Odebrecht durante su labor en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que funcionó entre 2007 y 2019 con aval de Naciones Unidas.
El caso se centra en un acuerdo de colaboración judicial firmado con Odebrecht que permitía reducciones de penas a cambio de información clave. Curruchiche sostiene que dicho acuerdo formaba parte de una supuesta “estructura criminal” liderada por la propia CICIG, y ha extendido su acusación a otros exfiscales guatemaltecos exiliados, como Juan Francisco Sandoval.
La reacción del excomisionado Iván Velásquez no tardó. Desde su cuenta en X, respondió: “Ahora los corruptos del Ministerio Público guatemalteco, señalados y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, amplían su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Toda mi solidaridad con los funcionarios y ciudadanos guatemaltecos forzados al exilio”.
La propia Camargo aún no emitió comentarios públicos.
Por su parte, Sandoval, quien lideró las investigaciones del caso Odebrecht y hoy vive en el exilio en Estados Unidos, calificó las acusaciones de Curruchiche como “una farsa y una estrategia de manipulación”.
El mandato de la CICIG no fue renovado en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales, después de que la misión vinculara a miembros de su familia con delitos de corrupción. Durante más de una década, la comisión trabajó junto a fiscales locales para desmantelar redes de crimen organizado dentro del Estado, enviando a juicio a expresidentes, jueces y altos funcionarios.
Las órdenes de captura contra Camargo y Velásquez marcan un nuevo capítulo en la ofensiva contra quienes lideraron uno de los procesos más emblemáticos de combate a la corrupción en América Latina.