El abogado constitucionalista Enrique Anaya, una de las voces más críticas del presidente Nayib Bukele en El Salvador, permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra por presunto lavado de dinero. La decisión fue tomada por un juez este martes, 24, en medio de denuncias sobre motivaciones políticas detrás de su arresto.
Anaya fue detenido el 10 de junio, días después de llamar “dictador” al presidente en una entrevista televisiva. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han cuestionado a las autoridades salvadoreñas por falta de transparencia y por las condiciones en las que se encuentra el abogado.
Proceso avanza en medio de críticas
Según su defensa, Anaya no fue presentado ante un juez dentro del plazo de 72 horas, como establece la Constitución del país. En cambio, estuvo detenido durante 14 días bajo el mismo régimen de excepción aplicado a presuntos miembros de pandillas, pese a que los cargos contra él no tienen relación con la violencia criminal.
El abogado defensor, Jaime Quintanilla, presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema, parcialmente aceptado el sábado anterior, lo que permitió la audiencia de este martes. Aun así, el juez decidió mantenerlo detenido mientras continúa la etapa de instrucción.
Durante la audiencia, Anaya pudo hablar y, según su defensa, relató las condiciones en que ha estado recluido y cómo se han afectado su salud y derechos fundamentales. Quintanilla señaló que el estado médico de su cliente es delicado debido al hacinamiento y a una enfermedad crónica preexistente.
Contexto de represión y concentración de poder en El Salvador
El caso de Enrique Anaya no es aislado. A inicios de junio, la abogada de derechos humanos Ruth Leonora López también fue enviada a prisión preventiva por seis meses, acusada de enriquecimiento ilícito. Ambas detenciones han sido interpretadas por sectores críticos como intentos del gobierno de silenciar a opositores.
Desde que Nayib Bukele asumió el poder, ha sido acusado de erosionar la democracia en el país centroamericano. Bajo su liderazgo, el oficialismo ha tomado el control de los tres poderes del Estado y reformado el sistema judicial para permitir su reelección, a pesar de la prohibición constitucional.
Mientras tanto, el presidente mantiene altos niveles de aprobación pública gracias a su política de “mano dura” contra las pandillas. Sin embargo, organismos internacionales han denunciado que dicha estrategia también ha resultado en detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y violaciones a los derechos humanos.