En un giro que sacude el escenario político costarricense, la Fiscalía del país presentó una denuncia formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles y su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por presunta participación en un esquema de sobornos financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según las autoridades, parte de los fondos de desarrollo otorgados por el banco habrían sido desviados para beneficiar a un asesor cercano al mandatario.
La acusación, revelada este lunes, señala que Federico Cruz, exasesor presidencial, recibió $32.000 del dinero proveniente del BCIE para la compra de una vivienda. La Fiscalía afirma que el acuerdo fue gestionado a través una empresa de comunicación contratada por el gobierno, cuya dirección también está bajo investigación.
El caso, que ya se encuentra en fase de indagación criminal, habría involucrado múltiples encuentros en la Casa Presidencial, donde se discutieron los términos de la operación. La gravedad das acusaciones podría acarrear penas de hasta ocho años de prisión para los implicados, según explicaron os investigadores.
El BCIE confirmó que finalizó una auditoría interna en junio de 2024 y que sus hallazgos fueron enviados a las autoridades costarricenses. Hasta el momento, ni Cruz ni la presidencia han emitido declaraciones públicas sobre el caso.
Rodrigo Chaves y su círculo más cercano enfrentan una de las investigaciones más serias desde el inicio de su mandato
La polémica ha generado gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional, especialmente después de la reciente visita de Chaves a la Casa Blanca en agosto de 2023, donde se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden. Aunque el gobierno ha evitado pronunciarse, el impacto político de las acusaciones ya se hace sentir en un momento clave para la estabilidad institucional del país centroamericano.
A medida que el proceso judicial avanza, crece la presión para que se esclarezcan los vínculos entre los fondos del BCIE, la cúpula del poder y los supuestos beneficios personales otorgados con dinero público.