El expresidente de Perú, Pedro Castillo, compareció este martes ante un tribunal acusado de rebelión, abuso grave de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, cargos derivados de su intento fallido de disolver el Congreso y declarar estado de emergencia en diciembre de 2022.
El caso ha polarizado a la nación sudamericana. Castillo, el primer presidente indígena del país, intentó disolver el Congreso mientras los legisladores se preparaban para someterlo a un proceso de destitución. Sin embargo, no logró el respaldo de las fuerzas armadas y fue rápidamente destituido y arrestado, acusado de promover un golpe de Estado.
Su destitución desencadenó protestas en el sur del país, en las que al menos 49 personas murieron en las semanas posteriores a su salida del poder.
Un juicio que divide opiniones
Castillo fue reemplazado por la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, quien ahora lidera un gobierno de orientación conservadora y ha formado alianzas con partidos tradicionales. El juicio contra el exmandatario se lleva a cabo en una base policial, donde permanece detenido desde su intento de disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones.
Los fiscales han solicitado una sentencia de 34 años de prisión contra Castillo, quien antes de su presidencia era líder sindical y maestro rural. Su sorprendente victoria en las elecciones de 2021 lo llevó al poder con una plataforma de cambio contra la élite política del país.
Defensa de Castillo y acusaciones de persecución política
Castillo llegó al juicio con 30 minutos de retraso y, en su declaración inicial, negó ser culpable de rebelión. “Lo único que hice fue expresar los deseos del pueblo a través de un discurso”, afirmó.
El 7 de diciembre de 2022, el exmandatario leyó en televisión nacional un decreto en el que anunciaba la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones.
Sin abogado propio, Castillo se ha referido al juicio como una “farsa” en redes sociales y rechazó la representación de la defensa pública que le fue asignada. También intentó recusar a una jueza del tribunal, argumentando que había mostrado prejuicio contra él.
Además de este juicio, Castillo enfrenta otra investigación por presunta corrupción. Se le acusa de otorgar ascensos irregulares en las fuerzas armadas y de adjudicar contratos de infraestructura sin seguir los procedimientos establecidos.
Un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso
Antes de su intento de disolver el Congreso, Castillo había sobrevivido a dos procesos de destitución. Él y sus seguidores han argumentado que los partidos conservadores bloquearon sus políticas, impidiendo sus esfuerzos para aumentar el gasto público y mejorar la educación y la infraestructura en las zonas rurales.
Sus opositores, sin embargo, lo han acusado de corrupción y de atentar contra la democracia con su intento de disolver el Congreso, comparando su maniobra con la de Alberto Fujimori en los años 90, que derivó en un régimen autoritario.
Tensión diplomática con Colombia y México
La destitución de Castillo también ha generado fricciones diplomáticas entre Perú y gobiernos de izquierda en la región. Tras su caída, su familia recibió asilo en México, lo que aumentó las tensiones con el gobierno peruano.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los principales aliados de Castillo, expresó su apoyo al exmandatario. “Está siendo juzgado por rebelión porque es pobre y de izquierda”, escribió en su cuenta de X. Petro también acusó a las autoridades peruanas de “burlarse” de la voluntad popular que eligió a Castillo en 2021.
Mientras tanto, Perú tiene previsto celebrar elecciones el próximo año. La presidenta Boluarte ha reiterado que, como exvicepresidenta, tiene la obligación de completar el mandato de Castillo hasta 2026.