El expresidente peruano Pedro Castillo fue trasladado este jueves desde la prisión hasta un hospital, tres días después de haber iniciado una huelga de hambre en protesta por su juicio por rebelión.
El tribunal encargado del caso informó que Castillo, de 55 años, fue llevado al centro de salud debido a un “problema de salud” y para descartar un posible “trastorno de fluidos y electrolitos, además de una leve deshidratación”.
La fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para el exmandatario, quien ha estado detenido desde el 7 de diciembre de 2022. Ese día, en un discurso televisado, anunció la disolución del Congreso y su intención de gobernar por decreto, lo que llevó a su destitución inmediata por parte del Parlamento.
Durante el inicio del juicio la semana pasada, Castillo rechazó las acusaciones de rebelión y calificó el proceso como una “farsa politizada”. Además, se ha negado a recibir defensa legal proporcionada por el sistema judicial y ha asegurado que su único delito fue “transmitir el deseo del pueblo a través de un discurso político”.
Crisis y protestas tras la destitución de Castillo
Tras su destitución, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder, desatando una crisis que llevó a protestas masivas en varias regiones del país. Durante tres meses, las manifestaciones dejaron decenas de muertos, intensificando la polarización política en Perú.
Castillo, un exmaestro rural sin experiencia política previa, ganó las elecciones presidenciales de 2021 en medio de un clima de incertidumbre y división. Además del juicio actual por rebelión, enfrenta otra investigación penal por presunta corrupción durante su gobierno.
Las autoridades penitenciarias de Perú han determinado que la huelga de hambre de Castillo viola las normas carcelarias, por lo que suspendieron sus visitas y lo colocaron en aislamiento.
Por su parte, Walter Ayala, exministro de su gobierno y uno de sus antiguos abogados, informó que Pedro Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para que el gobierno peruano levante las sanciones impuestas en su contra por el sistema penitenciario.