Migrantes venezolanos entregados a México como si fuera un centro de detención de Estados Unidos. Familias de Asia Central trasladadas a Panamá y Costa Rica para esperar su repatriación voluntaria. Venezolanos detenidos en Guantánamo enviados a Honduras antes de ser devueltos a Caracas.
Estos movimientos reflejan un mensaje claro: llegar a la frontera de EE.UU. ya no es viable. La administración de Donald Trump ha sentado las bases para revertir el flujo migratorio en la región. Aunque las cifras aún son moderadas, se perfila el plan con el que EE.UU. pretende superar la falta de espacio en centros de detención mientras refuerza su estrategia de deportaciones.
Acuerdos con países latinoamericanos
En su primer mes de gobierno, la administración Trump ha negociado acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que sirvan como puntos de tránsito o destino para migrantes expulsados. Además, ha gestionado con Venezuela la recepción de ciudadanos deportados desde Texas, Guantánamo y Honduras.
Sin embargo, los detalles de estos acuerdos no han sido divulgados, lo que genera preocupación sobre el respeto a las protecciones internacionales para refugiados y solicitantes de asilo. Adam Isacson, investigador de la organización WOLA, con sede en Washington, considera que muchos de estos acuerdos han sido improvisados y sellados con simples “apretones de manos”.
Estos pactos surgieron en un contexto de presión, con Trump amenazando con imponer aranceles e incluso recuperar el control del Canal de Panamá. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, recorrió la región, suspendiendo y otorgando excepciones en la ayuda exterior de EE.UU. según la conveniencia del gobierno.
Durante su primera presidencia, Trump firmó acuerdos similares con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para que estos países recibieran solicitantes de asilo, aunque solo México y Guatemala llegaron a implementarlos. Ahora, su segunda administración ha ampliado las estrategias, incluyendo casos como el de Honduras, donde migrantes venezolanos han sido transferidos de un avión estadounidense a otro venezolano en su territorio.
“Estrategia de impacto” para desincentivar la migración
La actual fase de deportaciones se encuentra en una etapa preliminar, ya que el Congreso aún no ha aprobado un nuevo presupuesto, según Isacson. No obstante, asegura que el gobierno está aplicando una política de “shock y asombro” para desmotivar a los migrantes.
Ahora, en lugar de imágenes de caravanas avanzando hacia el norte, la migración visible es de deportados desembarcando en aeropuertos de sus países de origen o abordando barcos en Panamá para regresar a Colombia.
En solo un mes, México ha recibido más de 3.300 deportados de diversas nacionalidades. Algunos portaban documentos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) que indicaban: “Motivo de transferencia: deportación. Nuevo centro de detención: MÉXICO”. Este proceso no parece estar vinculado con el programa “Permanecer en México” de la primera presidencia de Trump.
Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha mantenido un perfil discreto sobre el tema, aunque su gobierno ha reafirmado su disposición a cooperar. El Departamento de Estado de EE.UU. ha elogiado a México por aceptar vuelos con deportados y facilitar la repatriación de migrantes a sus países de origen.
Panamá, ahora un puente en dirección contraria
Panamá, que en 2023 registró el paso de más de 500.000 migrantes rumbo a EE.UU., se ha convertido en un nuevo punto clave para las deportaciones. Este mes, casi 300 migrantes expulsados desde EE.UU., en su mayoría de países asiáticos, fueron retenidos en un hotel de la capital panameña. Algunos colocaron carteles en las ventanas con mensajes como “Ayuda” y “No estamos seguros en nuestro país”.
Un tercio de estos migrantes, que se negaron a regresar a sus naciones, fueron enviados a un campamento remoto en la selva del Darién, la misma ruta que utilizaron para intentar llegar a EE.UU. Una de las personas retenidas en el campamento declaró a la agencia Associated Press que no fueron informados de sus derechos ni del tiempo que permanecerían en el lugar, lo que genera preocupación por las condiciones en las que se encuentran.
Situaciones similares han ocurrido en Costa Rica, donde recientemente aterrizaron vuelos con migrantes deportados que fueron trasladados a un centro en una zona apartada del país. Según el viceministro del Interior costarricense, Omer Badilla, entre 50 y 75 migrantes están moviéndose diariamente hacia el sur de manera independiente.
Además, Panamá y Colombia estudian la posibilidad de organizar traslados en barco para devolver a los migrantes a sus países. El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, reconoció que los barcos que transportan migrantes con destino al sur operan con el “pleno conocimiento de las autoridades regionales”, aunque aclaró que estos traslados aún no forman parte de un programa oficial.
Preocupación por migrantes vulnerables
A pesar de la participación de agencias de la ONU en algunos procesos de repatriación, activistas y expertos han expresado su inquietud sobre la posibilidad de que migrantes en situación vulnerable sean deportados a países donde enfrentan riesgos.
Algunos temen que EE.UU. esté utilizando terceros países para devolver migrantes a lugares con los que tiene relaciones diplomáticas tensas o inexistentes, evitando así restricciones del derecho internacional que prohíben deportaciones a zonas de peligro.
Un caso citado por la organización IMUMI en México fue el de un vuelo que transportaba venezolanos deportados desde EE.UU. con una escala en Cancún. Sin embargo, los abogados no pudieron contactar a los migrantes para saber si deseaban solicitar asilo en territorio mexicano.
Entre los deportados venezolanos también habría exmilitares que desertaron de las fuerzas armadas, lo que podría ponerlos en riesgo al regresar. Para migrantes de países como Irán o Afganistán, las amenazas podrían ser aún mayores.
Aunque los gobiernos de la región buscan evitar la percepción de que están colaborando con la agenda migratoria de Trump, Isacson considera que la transparencia en estos procesos es clave para evitar críticas y garantizar el respeto a los derechos humanos.