La administración Biden ha anunciado la apertura de una investigación para abordar los presuntos abusos laborales y de derechos humanos en Nicaragua. La medida, autorizada bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, podría tener implicaciones significativas para las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente debido al impacto en el tratado de libre comercio vigente, el CAFTA-DR.
Contexto de la investigación
La representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, citó reportes creíbles de organizaciones de derechos humanos que acusan al gobierno de Daniel Ortega de actos represivos, como detenciones políticas, trabajo forzado, trata de personas y violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva. Según Tai, estas acciones no solo afectan a los trabajadores nicaragüenses, sino que también distorsionan la competencia y perjudican el comercio en la región.
La investigación, que deberá completarse en un plazo de un año, evaluará el impacto de estas prácticas en el comercio bilateral. Solo después de determinar la magnitud de los abusos se considerarán posibles represalias, que podrían incluir sanciones económicas.
Nicaragua, uno de los pocos países con superávit comercial con EE.UU., reportó un excedente de $3,000 millones en 2022, equivalente a casi el 20% de su PIB. Cualquier acción contra el país centroamericano podría complicarse debido a su membresía en el CAFTA-DR, que establece normas de libre comercio entre las partes.
Por su parte, el gobierno nicaragüense no ha emitido comentarios sobre la investigación, aunque el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, enfrentan críticas internacionales por un régimen calificado como autoritario. En noviembre, Ortega propuso una reforma constitucional que los nombraría oficialmente “copresidentes” y ampliaría el mandato presidencial de cinco a seis años.
Panorama general
Desde 2018, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión, encarcelando opositores, periodistas y líderes religiosos, mientras más de 5,000 organizaciones han sido cerradas. Este contexto, combinado con las denuncias de abusos laborales, ha llevado a EE.UU. a tomar medidas más contundentes para proteger los derechos humanos y laborales en la región.
La investigación representa un nuevo frente en las relaciones entre EE.UU. y Nicaragua, destacando el compromiso de Washington con la promoción de estándares laborales justos y el respeto a los derechos humanos en sus acuerdos comerciales.
Artículo inspirado en reportes de AP News