El opositor Enrique Márquez, quien se destacó por su llamado a una transición política pacífica en Venezuela, fue detenido el martes por la noche en Caracas. Su arresto forma parte de una serie de operativos llevados a cabo por los servicios de inteligencia del gobierno, que también han alcanzado a otros líderes políticos, activistas y allegados a la oposición.
Contexto político y represalias en Venezuela
Márquez, líder del partido Centrados y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2020 y 2023, se convirtió en un referente de los sectores moderados de la oposición. Su candidatura presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024 surgió como una alternativa estratégica frente a las constantes trabas impuestas por el chavismo para desarticular a sus rivales.
Tras las elecciones, Márquez denunció irregularidades en los resultados que proclamaron ganador a Nicolás Maduro, exigiendo la publicación de las actas de votación. Aunque recurrió al Tribunal Supremo en busca de transparencia, la falta de respuestas solo intensificó la crisis de legitimidad del proceso electoral.
Más allá de Caracas: una ola de detenciones
Además de Márquez, otros opositores han sido blanco de acciones represivas. Entre ellos destaca el caso del periodista y activista Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Correa, defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión, fue interceptado por presuntos agentes de inteligencia en pleno centro de Caracas. Desde entonces, su paradero es desconocido, lo que ha desatado fuertes críticas por parte de organizaciones internacionales.
En las regiones, se han reportado arrestos similares. Al menos doce líderes políticos, principalmente del partido Vente liderado por María Corina Machado, han sido detenidos en los estados Lara y Falcón. Testigos han descrito un patrón de operativos ejecutados por hombres encapuchados vestidos de negro, un modus operandi habitual de los organismos de seguridad del régimen.
Repercusiones internacionales
La detención de Márquez y el hostigamiento a otras figuras opositoras ponen en evidencia el endurecimiento del control político en Venezuela. La comunidad internacional observa con atención, mientras organizaciones de derechos humanos exigen respuestas inmediatas ante lo que califican como un retroceso grave en las libertades democráticas del país.