Pruebas genéticas confirmaron que los cuerpos carbonizados encontrados cerca de la base militar de Taura, en Ecuador, pertenecen a cuatro jóvenes desaparecidos el 8 de diciembre de 2024. Las víctimas, de entre 11 y 15 años, son Saul Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo.
Los adolescentes desaparecieron mientras jugaban fútbol en Guayaquil, lo que desencadenó protestas a nivel nacional. Ecuador enfrenta una crisis de seguridad marcada por el aumento de secuestros, extorsiones y homicidios debido al conflicto armado entre bandas de narcotráfico y fuerzas de seguridad.
Denuncias de Violencia Militar
Imágenes divulgadas por el Congreso ecuatoriano muestran a soldados colocando a uno de los jóvenes en un vehículo y golpeándolo. Testimonios indican que los adolescentes habrían sido detenidos después de que una patrulla militar respondiera a un reporte de robo.
Aunque los militares afirman haber liberado a los jóvenes la misma noche, las familias relatan haber recibido llamadas y mensajes indicando que los adolescentes estaban bajo custodia de los soldados. El 24 de diciembre, los cuerpos fueron encontrados cerca de la base militar, pero la confirmación de su identidad solo se logró tras análisis forenses.
Repercusión e Investigaciones
El hallazgo de los cuerpos generó indignación. Protestas exigen justicia, con manifestantes demandando la detención de los militares implicados. Hasta el momento, 16 soldados están siendo investigados por desaparición forzada, un delito que puede conllevar hasta 26 años de prisión.
El Ministerio de Defensa lamentó la muerte de los jóvenes y prometió transparencia en las investigaciones. En respuesta, las autoridades realizaron registros en la base de Taura, confiscando teléfonos y vehículos de los sospechosos.
El incidente ocurre en medio de una escalada de violencia en el país. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un estado de “conflicto armado interno” tras ataques violentos y amenazas de ejecuciones públicas por parte de organizaciones criminales.
La lucha por justicia en el caso de los adolescentes refleja la compleja relación entre la seguridad pública y los derechos humanos en Ecuador. La investigación continúa, con promesas de responsabilización y medidas para evitar futuros abusos..