La Fiscalía de Perú inició este martes el juicio contra el expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión y otros cargos. Castillo permanece recluido en la prisión para altos funcionarios, donde ha estado encarcelado por más de dos años.
Acusaciones y defensa en el proceso judicial
El Ministerio Público sostiene que el exmandatario debe ser castigado por su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 y de intervenir en el sistema judicial, acción que fracasó debido a la falta de apoyo militar y policial.
Ese mismo día, Castillo fue arrestado por la policía cuando se dirigía a la Embajada de México en busca de asilo y protección para su familia, según su propia versión de los hechos.
Junto a Castillo, también están siendo juzgados varios de sus exfuncionarios y altos mandos policiales, acusados como coautores o cómplices del intento de golpe:
- Betssy Chávez, ex primera ministra, en prisión desde junio de 2023.
- Aníbal Torres, exasesor presidencial.
- Willy Huerta, exministro del Interior, actualmente en libertad condicional.
- General Manuel Lozada, Comandante Jesús Venero y Teniente Eder Infanzón, todos exoficiales de la Policía Nacional, también en libertad condicional.
La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para todos los acusados, excepto Aníbal Torres, para quien pide 15 años de condena.
El debate sobre el delito de rebelión
Los abogados de Castillo argumentan que, según el Código Penal, el delito de rebelión solo se configura si hay un levantamiento armado colectivo, algo que no ocurrió. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el expresidente dio la orden a las Fuerzas Armadas para ejecutar el golpe, aunque estas no la acataron.
La exministra de la Mujer, Anahí Durand, afirmó que Castillo no llevó a cabo un golpe de Estado, sino que actuó de manera desesperada ante el “asedio político y mediático” que buscaba su destitución.
Según Durand, la actual presidenta Dina Boluarte habría conspirado con el Congreso opositor para derrocar a Castillo y asumir la presidencia con el respaldo de la mayoría parlamentaria. Desde entonces, ha ejercido un gobierno contrario al de su predecesor.
La destitución de Castillo desató una ola de protestas sociales en Perú, dejando un saldo de cincuenta civiles muertos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El juicio contra el exmandatario podría definir el futuro político del país, en medio de una sociedad dividida y un gobierno que sigue enfrentando críticas por su manejo de la crisis.