El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue obligado este viernes a colocarse una tobillera electrónica tras una orden emitida por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). La medida forma parte de una serie de restricciones impuestas en el marco de un proceso judicial que investiga un supuesto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Según informó la prensa local, agentes de la Policía Federal realizaron registros en la residencia de Bolsonaro y en la sede de su partido en Brasilia. Además de la tobillera, el exmandatario tiene prohibido salir de su casa por la noche, acercarse a embajadas, comunicarse con embajadores extranjeros y utilizar redes sociales.
También se le prohíbe mantener contacto con otros investigados en el caso, incluido su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado federal y residente en Estados Unidos. El STF investiga a Eduardo por presuntamente colaborar con autoridades norteamericanas para aplicar sanciones contra jueces brasileños.
“Es una humillación suprema”, declaró Bolsonaro a los periodistas tras abandonar la Secretaría de Administración Penitenciaria en Brasilia.
Negó cualquier intención de fugarse o de buscar asilo en una embajada, pero dijo que estas medidas se justifican con base en esas suposiciones.
El expresidente Donald Trump reaccionó a la situación calificándola como “terrible e injusta”. En una carta enviada a Bolsonaro, pidió que el juicio “termine de inmediato” y anunció que su política arancelaria contra Brasil responde directamente a este proceso. Trump impuso la semana pasada un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas.
El Departamento de Estado, por su parte, informó este viernes que revocará visas a jueces del STF, incluyendo al propio Moraes y a sus familiares. El secretario Marco Rubio acusó a la Corte Suprema de Brasil de violar la libertad de expresión y de extender su persecución más allá de las fronteras del país.
Desde el STF, el ministro Moraes argumentó que las acciones de Bolsonaro y su hijo representan confesiones abiertas de delitos como obstrucción a la justicia y coerción. Señaló que hay evidencias claras de que el expresidente buscó desestabilizar el Estado democrático de derecho desde el fin de su mandato.
En redes sociales, Eduardo Bolsonaro criticó la medida calificándola como un acto de venganza personal.
Su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, publicó que “impedir que un padre hable con su hijo es la mayor prueba del odio que consume a Moraes”.
Manifestantes vestidos como agentes policiales protestaron este viernes en São Paulo contra los aranceles de Trump y en defensa de Bolsonaro, comparando el proceso judicial con una persecución política.
Mientras tanto, la Procuraduría General de la República reiteró en un informe enviado al Supremo que “las pruebas son contundentes: Bolsonaro actuó de forma sistemática para incitar la insurrección”.
Se espera que el juicio retome su curso entre agosto y septiembre. Según fuentes internas del STF, las presiones internacionales no influirán en la decisión final.