Seis de cada 10 procesos judiciales contra el Estado hondureño corresponden a demandas laborales, según la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). Entre 2019 y lo que va de 2024, el Gobierno de Honduras ha erogado cerca de doce mil millones de lempiras en demandas judiciales, lo que ha generado preocupación en la sociedad civil.
De acuerdo con el recuento de la ASJ, esta cantidad de dinero podría haber sido destinada a otros sectores prioritarios como salud, educación o seguridad. Con ese monto, el Gobierno hondureño hubiera podido reparar miles de centros educativos, construir varios hospitales y extender la red de carreteras en el país. La ASJ ha destacado que interponer una demanda contra el Estado hondureño es un proceso con alta probabilidad de éxito, lo que ha generado un aumento en el número de demandas laborales presentadas en los últimos años.
Aumento de demandas en 2023
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI) informó que las demandas judiciales contra el Estado de Honduras aumentaron significativamente de 3,266 en 2019 a 10,952 en 2023. La Secretaría de Finanzas registró un total de 29,640 demandas entre 2019 y 2024, de las cuales el 65% son laborales, incluyendo despidos injustificados, remociones indebidas y malas prácticas. Los procedimientos contencioso administrativos representan el 30% del total de los procesos judiciales, en su mayoría por incumplimientos a los procesos administrativos a nivel central. El 4% restante corresponde a demandas civiles. Este aumento en las demandas judiciales puede ser un indicador de la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado de Honduras.
Gastos judiciales
Durante los últimos cinco años, el 82% de los gastos judiciales se han concentrado en siete instituciones en Honduras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) lidera la lista con el 31%, seguida por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con el 20%. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Finanzas tienen el mismo porcentaje con el 10%. La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) contribuye con el 4%, mientras que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud aportan el 3% cada una.
Demandas sin legitimidad en la ENEE
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha enfrentado demandas por parte del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE) por el pago de incremento salarial según el índice inflacionario y por nivelación salarial. Sin embargo, estas demandas han sido cuestionadas debido a su falta de legitimidad.
A pesar de que las demandas fueron presentadas en el juzgado de Tocoa, Colón, la ENEE y el STENEE tienen su domicilio en Tegucigalpa, y ya se habían presentado denuncias sobre estas pretensiones en la capital hondureña. Además, las demandas fueron presentadas por el presidente del sindicato, quien no funge en el cargo desde el 15 de julio de 2022, según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
A pesar de estas inconsistencias, el STENEE obtuvo sentencia favorable en ambos casos, lo que obligó a la ENEE a comenzar con los pagos correspondientes a las demandas ejecutivas laborales. En total, la ENEE ejecutó L 3,711.1 millones en procesos judiciales entre 2019 y junio de 2024, un monto superior al de otras instituciones.
Según declaraciones de los empleados de la ENEE, el 90% de ellos habían demandado de forma individual y colectiva por el pago del incremento por índice inflacionario y por nivelación salarial, lo que sugiere que la empresa realizó ambos pagos, de forma individual y a la STENEE, por las mismas pretensiones.
En resumen, las demandas del STENEE contra la ENEE han sido cuestionadas debido a su falta de legitimidad, lo que ha generado un gasto significativo para la empresa en procesos judiciales.
Denuncia
El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la ASJ ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar una investigación integral y objetiva de las actuaciones de los implicados. El objetivo es deducir responsabilidades y desmantelar estructuras corruptas perjudiciales para el Estado.