Argentina busca revertir ante un tribunal de apelaciones de Estados Unidos el fallo que la obliga a pagar 16.100 millones de dólares a inversionistas de YPF, tras la expropiación de la petrolera estatal realizada en 2012. El caso, que se ha extendido por más de una década, podría tener un impacto decisivo en los esfuerzos del presidente Javier Milei por estabilizar la economía argentina.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan revisará la sentencia emitida en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, que otorgó compensaciones a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, antiguos accionistas minoritarios de YPF. La firma Burford Capital, que financió buena parte del litigio, podría recibir miles de millones si el fallo se mantiene.
Disputa por la expropiación de 2012
El conflicto se originó en la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF, que entonces pertenecían a la española Repsol, por unos 5.000 millones de dólares. Sin embargo, el Estado argentino no lanzó una oferta pública de adquisición a los demás accionistas, como estipulaban los estatutos de la compañía. Petersen y Eton Park, en su momento segundo y tercer mayores inversores, sostuvieron que esa omisión les provocó pérdidas multimillonarias.
En su fallo, Preska determinó que Argentina había violado sus obligaciones contractuales y ordenó el pago de 14.390 millones de dólares a Petersen y 1.710 millones a Eton Park, incluyendo intereses acumulados del 8%. El monto total equivale al 45% del presupuesto nacional argentino para 2024, según reconoció el propio gobierno en su apelación.
El Estado argentino argumenta que el caso no debería juzgarse en tribunales estadounidenses, que no renunció a su inmunidad soberana y que la cifra de daños es desproporcionada. También sostiene que la jueza aplicó incorrectamente la ley argentina y que, por respeto a la soberanía de los países, el proceso debería anularse.
Por su parte, los fondos demandantes acusan a Argentina de “décadas de evasión y demoras”, y aseguran que su conducta constituye un incumplimiento flagrante que puede y debe ser juzgado en Estados Unidos.
El tribunal de apelaciones suele tardar varios meses en resolver casos complejos. En paralelo, Argentina también apeló la orden de entregar acciones de YPF como parte del pago de la sentencia, decisión que fue suspendida en agosto para permitir la revisión del fallo.
El gobierno estadounidense no tomó posición sobre el caso, aunque expresó su desacuerdo con la transferencia forzada de acciones, advirtiendo que podría afectar la política exterior y exponer a EE. UU. a medidas similares en otros países.
Fuentes oficiales señalaron que un fallo adverso pondría presión sobre la ya debilitada economía argentina, que pese a las medidas de ajuste implementadas por Milei, reducción del gasto público y del empleo estatal, continúa enfrentando un contexto de alta inflación y deudas externas.