La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner volvió este jueves al banquillo de los acusados en un nuevo juicio por presunta corrupción vinculada a contratos de obras públicas durante su gobierno. El proceso, conocido como el “caso de los Cuadernos”, involucra a 86 exfuncionarios y empresarios acusados de integrar una red de sobornos a cambio de adjudicaciones millonarias.
La fiscalía sostiene que Fernández y otros altos cargos del kirchnerismo habrían recibido pagos ilegales de empresarios de los sectores de la construcción, energía y transporte. Los fondos, según la acusación, se utilizaban para financiar el movimiento peronista. La exmandataria niega las acusaciones y calificó el juicio como “otra farsa judicial”.
“Hoy comienza otro show judicial. Necesitan mantener viva la opereta para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió Fernández en su cuenta de X (antes Twitter).
Una figura política en el centro de la tormenta
Cristina Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015 y también fue vicepresidenta, senadora y primera dama, permanece bajo arresto domiciliario desde junio por una condena previa por fraude al Estado. El juicio actual se celebra de manera virtual y se espera que se extienda hasta fin de año. De acuerdo con fuentes judiciales, un fallo definitivo podría demorar varios años debido a los recursos legales previstos.
El caso salió a la luz en 2018, cuando se conocieron los cuadernos del chofer de un exfuncionario, en los que se detallaban entregas de dinero en efectivo y reuniones con empresarios. Diversos testigos implicaron tanto a Fernández como a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, como figuras centrales del presunto esquema.
Entre los acusados se encuentran exministros y directivos de grandes corporaciones. Algunos de ellos declararon como “arrepentidos” y revelaron un sistema de comisiones ilegales que, según las investigaciones, habría operado durante más de una década.
El juicio se desarrolla en un contexto político tenso, apenas una semana después de la victoria legislativa del presidente Javier Milei, cuyo partido libertario consolidó su poder en el Congreso. El resultado electoral fortaleció la agenda de reformas económicas y marcó un nuevo revés para el peronismo.