El presidente Javier Milei anunció un decreto para iniciar la privatización parcial de Nucleoelectrica Argentina (NA-SA), operadora de las tres centrales nucleares del país. La decisión busca achicar el peso del Estado y abrir espacio a la inversión privada.
Plan del gobierno
Según el vocero Manuel Adorni, se licitará internacionalmente el 44% de las acciones. El Estado conservará el 51% y hasta un 5% será para un esquema de propiedad conjunta.
El objetivo es atraer capital privado para construir el primer reactor modular argentino y expandir la minería de uranio. Adorni recordó que todas las empresas estatales están bajo revisión y pueden ser privatizadas.
Milei asumió en 2023 prometiendo ajustar el gasto público, equilibrar las cuentas fiscales y controlar la inflación. El gobierno afirma que la privatización nuclear en Argentina permitirá acceso a capital, diversificación de riesgos y continuidad de NA-SA en forma “eficiente y competitiva”.
No todos coinciden con la medida. Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica alertaron que el Estado debe garantizar el desarrollo y la seguridad nuclear. También advirtieron que la privatización parcial encarecerá tarifas. En un comunicado señalaron: “No mejorará la vida de la gente. Solo trasladará costos a los ciudadanos para aumentar la rentabilidad privada”.