El gobierno de Panamá suspendió por cinco días las garantías constitucionales —incluidos los derechos de libre tránsito y reunión— en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país. La medida fue anunciada el viernes, 20, tras dos meses de protestas que se intensificaron con actos violentos la noche anterior.
Daños y tensión creciente en Panamá
Según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el objetivo es “rescatar la provincia” de la influencia de “grupos radicales”. La suspensión busca permitir la restauración del orden tras hechos que calificó de “inaceptables” y carentes de legitimidad.
Las protestas, que comenzaron como oposición a una reforma del sistema de pensiones y a un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, derivaron el jueves en ataques a instalaciones clave de la región. Manifestantes invadieron el aeropuerto de Changuinola, la principal ciudad de la provincia, y causaron destrozos en automóviles y un incendio en el estadio local de béisbol. También saquearon la planta cerrada de la empresa bananera Chiquita Brands y vandalizaron una oficina del Sistema Nacional de Protección Civil.
Presencia policial reforzada
En respuesta, el gobierno ya había enviado 1.500 policías adicionales a la zona, y el ministro de Seguridad, Frank Abrego, no descartó nuevos refuerzos. Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Changuinola permanecen suspendidas.
Las manifestaciones se han extendido de un extremo a otro del país, encabezadas por sindicatos de docentes, obreros de la construcción y otros sectores. Aunque algunas han sido pacíficas, los episodios recientes de violencia encendieron las alertas del Ejecutivo.
Estrategias de diálogo y legislación
A inicios de junio, el presidente José Raúl Mulino recurrió a líderes religiosos, incluyendo un arzobispo católico y un rabino, para actuar como mediadores. Asimismo, el Congreso aprobó una nueva ley para el sector bananero que promete proteger derechos laborales y el acceso a servicios médicos bajo el renovado régimen de seguridad social.
No obstante, el conflicto con los trabajadores bananeros de Chiquita, despedidos en masa tras una huelga que el gobierno declaró ilegal, sigue siendo un foco de tensión. Se estima que cerca de 5.000 personas participaron del paro.