El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó este lunes la detención inmediata de cinco representantes de empresas de transporte público que se negaron a acatar su disposición de ofrecer viajes gratuitos durante una semana, medida impuesta tras el cierre de una de las principales autopistas del país. La orden, emitida por redes sociales, provocó reacciones inmediatas y evidenció, una vez más, el estilo autoritario con el que Bukele ha gobernado desde que declaró el “estado de excepción” en 2022.
La disposición del mandatario había sido anunciada apenas un día antes, el domingo, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), informando que el gobierno asumiría el 100% del costo operativo de las rutas afectadas. Sin embargo, el primer día de implementación estuvo marcado por largas filas, unidades saturadas y un servicio interrumpido en varias rutas del área metropolitana de San Salvador.
Detenciones y tensión entre Bukele con el sector transporte
Frente al incumplimiento de la medida, Bukele escribió en redes: “La Policía Nacional Civil debe proceder a arrestar a los dueños de las rutas involucradas. Nadie está por encima de la ley”. Horas después, la policía publicó imágenes de los detenidos esposados y rodeados de agentes fuertemente armados. Los cargos señalados incluyeron “incumplimiento de deberes, negación de auxilio y extorsión”.
El Comité Nacional de Transporte, que agrupa a las empresas afectadas, se declaró sorprendido por la medida. Sus voceros señalaron que el anuncio gubernamental llegó demasiado tarde, sin dar tiempo para comunicar la nueva directriz a todos los conductores. Luis Regalado, miembro del gremio, explicó que muchos choferes son pagados al día y no tenían claridad sobre cómo ni cuándo serían compensados.
“No decimos que no vamos a prestar el servicio, pero necesitamos condiciones claras”, agregó Lucio Vázquez, secretario del comité.
Este nuevo episodio se suma a otras decisiones controvertidas del gobierno salvadoreño. Bukele ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales, abogados y defensores de derechos humanos por el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros, incluyendo más de 200 venezolanos deportados desde EE.UU., quienes permanecen incomunicados en una megacárcel.
El lunes, abogados contratados por el gobierno venezolano enviaron una carta exigiendo acceso a los detenidos para constatar que estén vivos, así como información sobre los cargos que enfrentan y el marco legal de su detención.
La propuesta previa de Bukele de intercambiar a estos hombres por prisioneros políticos venezolanos fue rechazada por Nicolás Maduro.
Mientras tanto, el presidente salvadoreño continúa gozando de altos niveles de aprobación dentro de su país, respaldado por una ciudadanía que valora su ofensiva contra el crimen, incluso a costa del debido proceso y de las libertades constitucionales.