El sonido de una detonación estremeció la madrugada del jueves el campamento minero de Yani, en el noroeste de Bolivia. Al menos cinco personas murieron, entre ellas una mujer embarazada y un bebé de un año, durante un violento enfrentamiento entre cooperativas que disputan el control de una mina de oro en la zona montañosa de Sorata, a unos 150 kilómetros de La Paz. La explosión, causada por un artefacto activado a distancia, marca uno de los episodios más letales en los recientes conflictos por territorios mineros en el país.
Según el coronel Gunther Agudo, la explosión destruyó una vivienda de tres pisos, incendió vehículos y maquinaria, y dejó a varios edificios en ruinas. También se reportaron cortes eléctricos en la zona. En un primer momento se habló de seis muertos, pero tras la remoción de escombros, las autoridades confirmaron cinco víctimas fatales: tres hombres, una mujer embarazada y su hijo pequeño.
El viceministro del Interior, Jhonny Aguilera, declaró que el supuesto responsable del ataque murió en la misma explosión, al detonar el explosivo por control remoto.
Las autoridades no descartan nuevas detenciones, ya que la tensión entre los grupos enfrentados lleva años acumulándose.
Las disputas entre cooperativas mineras no son nuevas en Bolivia. Desde hace décadas, estos grupos —formados tras despidos masivos en la minería estatal— han luchado por el control de zonas ricas en minerales. En muchos casos, las confrontaciones incluyen el uso de dinamita, piedras y hasta armas de fuego.
Las cooperativas representan hoy más del 50% de la producción minera del país y cuentan con influencia política considerable, incluyendo representación en el Parlamento. Su poder creció especialmente durante el gobierno de Evo Morales, cuando el Estado boliviano expulsó a empresas extranjeras que buscaban controlar la extracción de recursos.
Según Jhony Silva, asesor legal de una de las cooperativas involucradas, el conflicto por el acceso a ciertas vetas de oro en Yani llevaba años sin resolverse. La presión por acceder a zonas con alto valor comercial ha provocado una escalada de violencia. En 2023, Bolivia exportó casi 2.900 millones de dólares en oro, una cifra que sigue atrayendo intereses, incluso a costa de vidas humanas.