Fue una noche tensa en Buenos Aires, el Senado votó en contra de los dos candidatos que el presidente Javier Milei había intentado imponer en la Corte Suprema por decreto. Con esto, no solo frustró una jugada clave del mandatario, sino que también marcó un límite claro a su estilo de gobierno. Milei aspiraba a colocar aliados en el máximo tribunal para avanzar sin trabas en su ambiciosa reforma del Estado. No lo consiguió.
Ariel Lijo, juez federal acusado por sectores opositores de frenar causas de corrupción, recibió 43 votos en contra y solo 27 a favor. Manuel García-Mansilla, profesor de perfil conservador, obtuvo aún menos apoyo: 51 votos en contra y apenas 21 a favor. Ambos ya habían sido rechazados el año pasado. Esta vez, Milei intentó forzar su designación sin el respaldo del Congreso, alegando que la Constitución lo autorizaba durante el receso legislativo.
La reacción política fue inmediata. Para la oposición, se trató de un intento de atropellar las instituciones. “Es un conflicto grave entre poderes”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti. Durante el debate, incluso hubo burlas. Un legislador comparó a Lijo con un hipnotizador famoso, insinuando que “duerme causas judiciales si eso conviene al poder”.
El gobierno respondió con dureza. En un comunicado, la oficina presidencial acusó al Senado de rechazar los nombres “por razones políticas, no por falta de capacidad”. También advirtió que Milei usará “todas las herramientas” que la Constitución y el voto le otorgan para avanzar en su agenda.
Para otros, lo ocurrido fue una señal de que la democracia sigue en pie. “El Senado puso freno a uno de los ataques más graves contra la independencia judicial desde el regreso democrático”, afirmó Juan Pappier, de Human Rights Watch. Aunque Milei continúa desafiando oponentes, esta vez el Congreso habló más fuerte.