El gobierno de Nicaragua ha eliminado los últimos mecanismos de control institucional y está llevando a cabo una estrategia sistemática para consolidar el poder absoluto mediante graves violaciones a los derechos humanos, advirtió el miércoles un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe representa la crítica más contundente hasta la fecha contra la administración del presidente Daniel Ortega y de la primera dama, ahora también copresidenta, Rosario Murillo. Durante años, el gobierno ha reprimido duramente la disidencia y la sociedad civil.
De la represión de 2018 a un Estado autoritario
El informe señala que la represión estatal comenzó con la violenta respuesta a las protestas de 2018. Desde entonces, el gobierno nicaragüense “ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario”, forzando a decenas de miles de ciudadanos a huir al exilio.
“El Estado y el partido gobernante se han fusionado en una única maquinaria de represión con impacto tanto nacional como transnacional”, afirmó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU.
“Ortega y Murillo operan un vasto aparato de inteligencia que vigila a la población y selecciona a quienes serán blanco de violaciones a los derechos humanos, funcionando como ‘ojos y oídos’ que les permiten mantener el control total sobre la gente”.
El gobierno nicaragüense no respondió a la solicitud de comentarios sobre el informe.
Concentración de poder y sucesión dinástica
Los expertos señalaron que el golpe final a la democracia en Nicaragua ocurrió el mes pasado con la aprobación de una reforma constitucional por parte del Congreso, dominado por el gobernante Frente Sandinista.
La reforma, que entró en vigor el 18 de febrero, coloca todos los poderes del Estado bajo control de la presidencia y oficializa la figura de Ortega y Murillo como “copresidentes”, asegurando así la sucesión presidencial dentro de su familia.
Además, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, consolidando aún más el control del poder ejecutivo.
Persecución, exilios forzados y confiscación de bienes
Según el informe de la ONU, además de afianzar su control político, Ortega y Murillo han intensificado el uso de detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas, confiscación de bienes privados y la revocación de la ciudadanía a sus opositores.
El panel de expertos elaboró una lista de personas que considera responsables de la represión, la cual será compartida con el gobierno nicaragüense y publicada a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los expertos también instaron a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables, ampliar las sanciones específicas y reforzar la protección de los exiliados nicaragüenses.