Un grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos y retenidos en un campamento en una zona rural de Panamá denunció que se encuentran en un “limbo legal” bajo condiciones extremas y sin acceso a asistencia jurídica ni otros derechos básicos.
Entre los afectados está una ciudadana china, quien habló con la agencia Associated Press a través de un teléfono móvil escondido, tras ser contactada por un familiar preocupado. La mujer, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias de las autoridades panameñas, afirmó que los oficiales han confiscado los teléfonos de los migrantes, dejando a muchos incomunicados.
Según su testimonio, los deportados provienen de países asiáticos, así como de Rusia, Afganistán y Nepal. Además de las difíciles condiciones en el campamento, mencionó que enfrentan una estricta vigilancia por parte de los guardias.
“Alguien me sigue incluso cuando voy al baño”, declaró.
Las autoridades panameñas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la AP.
Deportaciones y retención en Panamá
Las denuncias surgen en medio de la controversia por el trato a casi 300 migrantes deportados desde EE.UU. y retenidos en Panamá mientras se gestionan sus retornos a sus países de origen.
Este proceso es parte de un acuerdo con la administración de Donald Trump, en el cual países como Panamá y Costa Rica actúan como puntos de tránsito para los deportados. Inicialmente, los migrantes fueron alojados en hoteles en la capital panameña bajo custodia policial. Aunque el gobierno negó que estuvieran detenidos, no se les permitió salir de los establecimientos.
Algunos de los deportados mostraron carteles con mensajes como “Por favor, ayúdennos” y “No estamos seguros en nuestro país”.
Alrededor del 40% de los migrantes se negaron a regresar a sus países, alegando miedo por su seguridad. Mientras tanto, los que aceptaron su repatriación permanecen en los hoteles, y al menos 13 ya han sido enviados de vuelta, según las autoridades.
Condiciones en el campamento de Darién
Los migrantes que se opusieron a la deportación fueron trasladados a un campamento en la provincia de Darién, cerca de la peligrosa selva que separa Panamá de Colombia. Este centro, ubicado en San Vicente, Metetí, fue originalmente construido para recibir a los cientos de miles de migrantes que en los últimos años intentaron cruzar hacia el norte. Sin embargo, el flujo migratorio en la región ha disminuido recientemente.
Organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han declarado que están trabajando en alternativas seguras para reubicar a los migrantes actualmente en el campamento.
“No participamos directamente en la detención ni en la restricción del movimiento de individuos”, indicó la OIM en un comunicado.
El sábado, el Departamento de Estado de EE.UU. agradeció a Panamá y Costa Rica por su cooperación en el manejo de los deportados, asegurando en un mensaje en la plataforma X que ambos países están “retornando de manera segura a los ciudadanos extranjeros a sus países de origen”.
Por su parte, la mujer entrevistada por AP afirmó que estuvo detenida en un hotel durante cinco días antes de ser enviada al campamento. También aseguró que nunca firmó documentos de deportación, un procedimiento estándar en estos casos.
Denunció que los deportados en el campamento de Darién están “custodiados como prisioneros” y privados de derechos fundamentales, sin acceso a asistencia legal ni comunicación con el exterior.
“Aun así, el gobierno panameño sigue preguntándonos a dónde queremos ir”, concluyó.