El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva este miércoles 29 de enero para preparar un centro de detención en Guantánamo Bay, Cuba, destinado a albergar hasta 30 mil inmigrantes deportados del país. La medida forma parte de una serie de acciones del gobierno para endurecer las políticas de inmigración.
Durante el anuncio, Trump afirmó que el nuevo centro será utilizado para mantener a los peores criminales ilegales, que, según él, representan una amenaza para la población estadounidense. El presidente justificó la medida diciendo que algunos detenidos son tan peligrosos que ni siquiera los países de origen son confiables para mantenerlos bajo custodia.
Actualmente, la base naval de Guantánamo ya alberga un espacio reservado para inmigrantes interceptados en el mar, separado de la prisión de máxima seguridad utilizada para sospechosos de terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, el lugar opera de manera reservada y no aparece en informes públicos del gobierno.
Trump firmó la orden junto con la promulgación de la ley Laken Riley, que exige la detención obligatoria de inmigrantes ilegales acusados de delitos relacionados con robos. La legislación lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada en 2023 por un inmigrante venezolano sin documentos.
La orden ejecutiva firmada por Trump instruye a los secretarios de defensa y seguridad nacional a expandir la capacidad del centro de operaciones migratorias en Guantánamo Bay, aumentando el espacio para la detención de inmigrantes criminales de alta prioridad. El documento declara que la medida tiene como objetivo detener la invasión en la frontera, desmantelar carteles criminales y restaurar la soberanía nacional.
La decisión de Trump generó reacciones inmediatas. El gobierno de Cuba condenó la medida, afirmando que el plan demuestra desprecio por la condición humana y el derecho internacional. El ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó el uso de Guantánamo para encarcelar a migrantes en un enclave que ya fue escenario de tortura y detenciones indefinidas.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la acción como un acto de brutalidad. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, también se pronunciaron, recordando que Guantánamo ha estado históricamente asociado con prácticas ilegales de detención, tortura y confinamiento sin juicio.
Intensificación de las medidas antiinmigración
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha firmado diversas órdenes ejecutivas para endurecer el control migratorio. Ya ha declarado emergencia nacional, ha enviado tropas a la frontera sur, ha suspendido el programa de reasentamiento de refugiados y ha revocado el estatus de protección temporal para inmigrantes provenientes de países en crisis humanitaria.
Actualmente, Guantánamo alberga 15 detenidos, el número más bajo desde su inauguración hace 22 años. En los últimos días de su mandato, Joe Biden aceleró la transferencia de prisioneros de la base a terceros países. Ahora, la administración de Trump revierte esta política, transformando Guantánamo en un centro de detención para inmigrantes.
La decisión forma parte de la promesa del presidente de remover millones de inmigrantes del territorio estadounidense, ampliando el aparato de deportación y detención. Expertos y activistas advierten sobre los riesgos de abusos humanitarios y la falta de transparencia en las operaciones del nuevo centro de detención.