El régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha distribuido armas a trabajadores estatales y milicias, posiblemente con el objetivo de expandir el ejército civil del país mientras enfrenta una pérdida de control sobre los colectivos, que alguna vez fueron su principal fuerza político-militar de apoyo.
En vísperas de su toma de posesión el 8 de enero, tras unas elecciones presidenciales controvertidas, Maduro entregó armas militares a trabajadores de 31 instituciones públicas, incluyendo ministerios, la empresa estatal de electricidad y negocios expropiados por el gobierno. El evento recibió una amplia cobertura en la televisión estatal y fue promovido en redes sociales por agencias gubernamentales y funcionarios.
Expansión de una política represiva
Un día antes, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello —considerado la mano derecha de Maduro— lideró otra entrega de armas al Movimiento de Pequeños Agricultores en los estados de Lara y Yaracuy. Este movimiento es una de varias agrupaciones comunitarias que han surgido en el país.
Estas acciones parecen ser una extensión de una política iniciada en diciembre de 2024, cuando el régimen comenzó a armar a empleados de instituciones públicas bajo la justificación de “defender la patria”, según publicaciones en redes sociales de simpatizantes del gobierno. En un video ampliamente compartido, se observa la distribución de rifles a trabajadores de una fábrica de pasta expropiada por el gobierno de Hugo Chávez en 2011.
Aunque no está claro si los grupos civiles han retenido las armas entregadas antes de la investidura de Maduro, esta campaña de armamento altamente publicitada está alineada con la estrategia represiva más amplia del régimen: disuadir levantamientos sociales y fortalecer el control político en un contexto cada vez más tenso tras la juramentación de Maduro para un nuevo mandato de seis años.
Análisis de InSight Crime: el declive del poder de los colectivos
La decisión de armar a grupos estatales y comunitarios refleja la creciente independencia de los colectivos, que alguna vez fueron aliados clave del gobierno.
Bajo el mandato de Chávez y luego de Maduro, los colectivos actuaron como la principal fuerza paramilitar para reprimir la disidencia. Sin embargo, a medida que estos grupos han evolucionado de “defensores de la Revolución Bolivariana” a operadores de negocios, Maduro ha integrado nuevos elementos a su aparato represivo, lo que sugiere una disminución de su influencia sobre los colectivos.
Este cambio comenzó durante la crisis económica de Venezuela en 2017, cuando muchos miembros de los colectivos emigraron. Aquellos que se quedaron recibieron contratos gubernamentales para subsistir y control sobre la distribución de alimentos subsidiados, gas doméstico y gasolina, además de involucrarse en actividades criminales como extorsión, robo, secuestro y narcotráfico.
Si bien algunos colectivos han mantenido su alineación ideológica, muchos han cambiado su enfoque hacia iniciativas empresariales, alejándose de su misión política original.
“La impresión que tenemos de los colectivos es que ahora están enfocados en hacer negocios. Básicamente se han convertido en empresarios, y por eso no los hemos visto muy activos”, afirmó un defensor de derechos humanos a InSight Crime.
El impacto en la política y el control social
Algunos colectivos que han establecido negocios exitosos incluyen La Piedrita, Alexis Vive, Tres Raíces y Oswaldo Arenas, según entrevistas realizadas por InSight Crime. Con financiamiento gubernamental, estos grupos han creado cooperativas de alimentos, paradas turísticas, restaurantes y casinos en Caracas y Miranda.
Distraídos por sus intereses comerciales, han perdido protagonismo en las operaciones del gobierno. Por ejemplo, gran parte de la mano de obra que los colectivos exhiben en eventos políticos ahora es contratada por pago, según un defensor de derechos humanos y un experto en seguridad que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
Al mismo tiempo, su capacidad para ejercer control social sobre las zonas más empobrecidas se ha reducido significativamente. Esta pérdida de influencia se hizo evidente en su fracaso para movilizar votos en favor de Maduro. Según registros electorales compartidos por la oposición, Edmundo González ganó las elecciones presidenciales en bastiones históricamente oficialistas controlados por colectivos, como el barrio 23 de Enero en Caracas.