La reelección de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado fuertes reacciones internacionales. A pesar de que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de las elecciones, el gobierno de Joe Biden decidió mantener la licencia de Chevron para operar en el país. Esta decisión plantea interrogantes sobre la política de sanciones de EE.UU. y su impacto en la economía venezolana.
Maduro fue declarado ganador en las elecciones presidenciales de julio de 2025, pero la oposición presentó pruebas de que su candidato, Edmundo González, obtuvo más votos. Organismos como la ONU y el Centro Carter validaron los datos de la oposición, mientras que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, se negó a divulgar detalles completos del conteo de votos.
Tanto la oposición como líderes políticos internacionales calificaron las elecciones de fraudulentas. Sin embargo, a pesar de las denuncias generalizadas, Maduro asumió un nuevo mandato de seis años, consolidando aún más su control sobre el país.
Chevron y la economía venezolana: ¿por qué EE.UU. mantiene la licencia?
Aunque rechaza la reelección de Nicolás Maduro, EE.UU. ha decidido mantener la licencia de Chevron para explotar petróleo en Venezuela. El gobierno estadounidense emitió esta autorización en 2022 como parte de un acuerdo para fomentar una transición democrática, la cual, según los críticos, nunca ocurrió.
Gracias a esta licencia, Chevron opera en sociedad con la petrolera estatal PDVSA, contribuyendo significativamente a la economía venezolana. En 2024, la producción conjunta superó los 200.000 barriles diarios, aumentando las reservas de divisas del país. Los analistas estiman que esta operación ha inyectado alrededor de 4.000 millones de dólares en las arcas del gobierno de Maduro.
El impacto de la reelección de Maduro y posibles nuevas sanciones
La oposición venezolana y congresistas estadounidenses han solicitado la revocación de la licencia de Chevron, argumentando que los beneficios económicos fortalecen al gobierno de Maduro. Elliot Abrams, ex enviado especial de EE.UU. para Venezuela, declaró: “No hay justificación para mantener el acuerdo después de unas elecciones fraudulentas”.
Por otro lado, expertos advierten que un endurecimiento de las sanciones podría agravar la crisis humanitaria en el país. Desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado debido a la inestabilidad política y económica. Si las restricciones se intensifican, se estima que otros 800.000 ciudadanos podrían abandonar el país en los próximos cuatro años.
El presidente Joe Biden afirmó recientemente que su equipo sigue evaluando los impactos de una posible revocación de la licencia de Chevron. Destacó que cualquier cambio debe considerar las consecuencias para el mercado global del petróleo y los efectos sobre la población venezolana.
Por ahora, la reelección de Nicolás Maduro sigue siendo cuestionada, mientras EE.UU. intenta equilibrar sus intereses económicos con las presiones políticas. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, con la posibilidad de nuevas sanciones en el horizonte.