El Congreso de Guatemala eligió a 13 nuevos jueces para la Corte Suprema en un proceso que ha sido objeto de críticas por parte de observadores, quienes señalaron falta de transparencia e interferencia política. Esta elección se considera fundamental en la lucha contra la corrupción en uno de los países más pobres de Centroamérica. El presidente Bernardo Arevalo ha denunciado la existencia de un “pacto corrupto” entre políticos, fiscales, jueces y élites empresariales que operan en la sombra.
Los miembros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones son nombrados cada cinco años. La corte saliente fue criticada por apoyar a la Fiscal General Consuelo Porras, quien intentó invalidar la victoria electoral de Arevalo en agosto de 2023. Arevalo, quien llegó al poder con un enfoque en la lucha contra la corrupción, instó al Congreso a seleccionar a los “mejores” candidatos para garantizar un sistema de justicia independiente.
A pesar de las aspiraciones de Arevalo, tres miembros de la corte anterior fueron reelegidos, incluyendo a dos sujetos de sospechas de corrupción. Por otro lado, el Fiscal Dimas Jiménez, cercano a Porras, no fue seleccionado en esta ocasión. Guatemala ocupa el lugar 30 en el ranking de países más corruptos del mundo según Transparency International.
La campaña anticorrupción de Arevalo lo ha llevado a convertirse en blanco de fiscales que también enfrentan acusaciones de corrupción. Consuelo Porras, una figura clave en el bloque anti-Arevalo, enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por su implicación en actos corruptos. Rafael Curruchiche, otro confidente de Porras que también está sancionado, estuvo cerca de ser incluido en la lista de selección.
Ana María Méndez Dardón, de la ONG WOLA, indicó que “las mafias ganaron,” calificando el resultado como una “amarga realidad” para Arevalo y su lucha. Sostiene que el control de los tribunales será esencial para garantizar la impunidad. Arevalo enfrenta actualmente nueve casos legales iniciados por Porras. Según la ONG Impunity Watch, el proceso de selección de jueces careció de entrevistas y evaluaciones sobre la reputación de los candidatos. Los nuevos jueces asumirán sus funciones el 13 de octubre. La Organización de Estados Americanos ha expresado preocupación por un aparente intento de la fiscalía de influir en este proceso.