La Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por actos de corrupción en más de 40 países, continúa hostigando al gobierno de Bernardo Arévalo, quien asumió el cargo en enero. Porras ha presentado recientemente una solicitud ante la Corte Constitucional para enjuiciar al presidente Arévalo y despedir a cuatro de sus funcionarios más cercanos: el Procurador General Julio Saavedra, el Secretario General de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero, el Ministro de Finanzas Jonathan Menkos y el Secretario de Comunicación Santiago Palomo.
Porras representa el sistema guatemalteco, habiendo trabajado durante 30 años en diversas funciones. Su informe, que abarca más de 400 páginas, alega que Arévalo y sus funcionarios han desobedecido una medida cautelar otorgada por la Corte en mayo. Dicha medida se concedió para bloquear la iniciativa de Arévalo que modificaba la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de hacer a Porras responsable y permitir que el presidente pudiera destituirla. Sin embargo, esta medida no impedía al presidente proponer legislaciones ni criticar a funcionarios públicos.
Porras busca un efecto político más que legal, presentándose como la opositora de Arévalo y utilizando la maquinaria del Ministerio Público para mantenerlo bajo control, creando así un clima de ansiedad en el país. En su extensa alegación, cita numerosos tweets de funcionarios y organizaciones sociales, buscando difundir la sensación de que hay un “Gran Hermano” observando a la población. Este mensaje tiene como objetivo intimidar a ciertos sectores, donde Porras argumenta que las críticas que reciben implican la comisión de un delito.
En respuesta, el Presidente Arévalo ha solicitado a la misma Corte que revoque la medida cautelar, argumentando que no debió ser otorgada. También ha presentado una acusación preliminar para despojar a Porras de su inmunidad, citando violaciones constitucionales y abuso de autoridad. Muchos consideran que Porras ha incurrido en delitos, pero la imposibilidad de enjuiciarse a sí misma complica su rendición de cuentas.
Consuelo Porras ha instaurado un ambiente de temor y ha faltado al respeto de los derechos humanos, manipulando las reglas a su favor como máxima autoridad del orden público. Mientras tanto, los casos de corrupción se cierran, permitiendo que políticos procesados por desfalco evadan justicia, mientras que usan el lawfare contra fiscales, jueces y periodistas que los investigan.
La situación ocurre en medio de un proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de Apelación, que es seguido de cerca por la comunidad internacional. Actualmente, dos comisiones de nominación evalúan a los aspirantes, encontrando conflictos de interés, como que magistrados de los tribunales en casación sean parte de las comisiones. Esta situación fomenta la reacción de “te elijo, me eliges”, afectando la reelección de magistrados que están bajo escrutinio.
Abogados involucrados en casos de corrupción buscan controlar la selección de magistrados, favoreciendo a candidatos que garanticen la impunidad. Este tipo de maniobras obstaculizan el proceso de selección, que debiera garantizar mayor independencia judicial y evitar que los cambios políticos afecten el sistema judicial. Requeriría reformas constitucionales transformar este sistema, lo que parece un desafío a largo plazo.
Dos años atrás, Porras logró que una Comisión de Nominación la incluyera en la lista corta para su reelección, a pesar de que otros candidatos tuvieran mejor calificación. Empleó tácticas de intimidación contra los decanos de las facultades de derecho, amenazando con denunciarlos. La Corte Constitucional, entonces, respaldó su inclusión en la lista. En el actual clima de inestabilidad que Porras está generando, el riesgo de repetir este escenario no se puede descartar, lo que podría llevar a más retrasos en el proceso electoral de la corte.
La misión de observación de la OEA, solicitada por Arévalo, ha visitado Guatemala en dos ocasiones para supervisar el proceso electoral de la corte, contando con el apoyo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. En el pasado, la OEA jugó un papel decisivo al apoyar la democracia, facilitando que Arévalo asumiera la presidencia a pesar de los ataques del Ministerio Público. Nuevamente, se espera que la OEA colabore para garantizar un cambio en la corte de manera adecuada.
La sociedad civil internacional ha establecido un Panel de Expertos Independientes, que junto a grupos de la sociedad civil local e internacional, jugarán un papel importante en evaluar el proceso y detectar irregularidades. Se hace crucial monitorear de cerca esta elección y condenar el ambiente que Porras está fomentando para mantener su control sobre el sistema judicial y obstaculizar el avance de la democracia.
Las tensiones políticas han crecido, especialmente con la proximidad de las elecciones generales y la campaña electoral. La situación se intensifica con llamadas a la acción de grupos indígenas y otras organizaciones que demandan cambios y el cese de las irregularidades. Votantes y partidos progresistas enfrentan un campo de juego desigual donde los actores undemocráticos buscan prevalecer, creando una lucha constante entre la corrupción y la justicia.
A medida que el 20 de agosto se acerca para la segunda vuelta presidencial, el futuro político de Guatemala dependerá de la capacidad de los ciudadanos para hacer valer sus derechos en un contexto de creciente represión. La comunidad internacional, liderada por funcionarios de EE. UU., observa con atención, buscando asegurarse de que el proceso electoral se realice de manera justa. Enfrentando desafíos significativos, la administración Arévalo debe mantener su enfoque en la lucha contra la corrupción y la promoción de una democracia genuina.
Las elecciones son un acto de soberanía en el que los ciudadanos deben decidir el rumbo del país. Sin embargo, la manipulación de las instituciones y el uso de la legalidad como herramienta de coerción por parte de Porras y sus aliados representan un test difícil. Es vital que los actores democráticos mantengan firmes sus postulados y sigan adelante con la esperanza de un cambio real que beneficie al pueblo guatemalteco.